Agua segura y derechos humanos: el urgente llamado de dos comunidades Mbya Guaraní de Misiones por restricciones de acceso al agua potable 

En San Ignacio y Garuhapé hay dos comunidades indígenas que enfrentan una crisis climática y humanitaria, y claman públicamente por apoyo. Por conflictos territoriales con propietarios, que están en proceso judicial y de regularización, aseveran: “No tenemos ninguna respuesta de los organismos provinciales o municipales para una solución para el acceso al agua potable, solo trabas”, explican.

En plena ola de calor, en San Ignacio, localidad conocida por su turismo religioso, la Comunidad Mbya Mbokajaty asentada en áreas del Teyú Cuaré, enfrenta una lucha silenciosa pero devastadora: le traban el acceso al agua potable.

 

Bajo el amparo de la Ley 26.160, normativa que está en revisión del gobierno nacional, se reconoció su territorio como de uso público y tradicional, pero esta comunidad no solo tiene conflictos por la tierra, y con el calor abrasador de enero, sino también con la indiferencia institucional que no da respuesta para que puedan acceder de forma segura al agua potable, indicaron en un reporte de prensa desde EMIPA (Equipo Misionero Pastorial Aborigen).

 

“Tras reunir fondos para una conexión de agua potable, la comunidad celebró el avance cuando un medidor fue instalado por la cooperativa local. Sin embargo, la alegría duró poco: bajo la presión de una denuncia del propietario registral del terreno, el medidor fue retirado al día siguiente, dejando a varias familias nuevamente desprovistas del vital recurso”, señalaron desde el Equipo Misionero de Pastoral Aborigen (EMIPA).

Crédito de la foto: EMIPA

Actualmente, los miembros de la Comunidad deben caminar varias veces al día más de 600 metros para acceder a agua de calidad incierta. Esta situación no solo pone en peligro su salud, sino que también evidencia la deshumanización que enfrentan en San Ignacio.

 

¿Cómo se llegó a este punto?. Los conflictos por la lucha de tierras de la Comunidad Mbokajaty están siendo utilizados para presionarlos. El agua, reconocida como un derecho humano fundamental por las Naciones Unidas, parece ser, en este caso, un privilegio condicionado de respuesta si desisten de la territorialidad indígena, explican.

 

La inacción de las autoridades fue denunciada públicamente por la comunidad este lunes, ya que el calor es agobiante, llevan semanas sin resolver el acceso seguro al agua potable y aún sigue el silencio gubernamental ante el sufrimiento de las familias, mujeres, jóvenes y niños, erosionando principios fundamentales como la igualdad y la dignidad humana.

 

“Esta injusticia no puede ser invisibilizada. La sociedad debe alzar la voz para exigir la intervención inmediata de las autoridades locales y nacionales. Es imprescindible garantizar el acceso al agua potable para la Comunidad Mbokajaty y realizar una investigación exhaustiva sobre las denuncias que originaron la retirada del medidor”, reclaman desde EMIPA.

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Crédito de la foto: EMIPA

Garuhapé: el conflicto por tierra y agua de Puente Quemado II con Arauco  

En el municipio de Garuhapé, la Comunidad Mbya Puente Quemado II enfrenta una problemática similar, agravada por la amenaza constante de desalojo por el conflicto de tierras que enfrentan con la empresa forestal Arauco SA.

 

“A pesar de años de gestiones y reclamos ante la Municipalidad y la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes, no se han implementado soluciones para garantizar el acceso al agua potable”, informaron desde EMIPA.

 

En la última semana han recibido una clara respuesta de las autoridades locales que reafirma la denuncia pública y el clamor de las familias de Puente Quemado II: “Si quieren agua, deben trasladarse a otra Comunidad”.

 

La gravedad de esta declaración no solo contradice el derecho al territorio de la mencionada comunidad , por la misma Ley 26.160, sino que también expone la intención de despojarlos de su historia y su lugar de arraigo.

 

El territorio de Puente Quemado II, que incluye 657 hectáreas y un aula satélite donde estudian 30 niños, está en conflicto con la empresa forestal, que tiene en gran parte plantaciones de pino.

 

“Las familias dependen del agua de arroyos locales, exponiéndose a riesgos de contaminación y enfermedades, mientras las autoridades priorizan los intereses empresariales por sobre los derechos indígenas”, remarcan desde EMIPA.

 

Por su parte, Santiago Ramos, Mburuvicha (cacique) de la Comunidad, denunció la última respuesta de las autoridades locales, ya que generó aún más preocupación: «En diciembre pedí nuevamente que se realizara una perforación para acceder al agua potable. La respuesta fue que, si queremos agua, debemos trasladarnos a otra Comunidad», afirmó.

 

Según Ramos, tanto el municipio como funcionarios de Asuntos Guaraníes sugirieron que las familias abandonen su territorio ancestral para mudarse a la Comunidad Puente Quemado I, ubicada sobre la Ruta Provincial 220. «Pretenden que dejemos nuestras tierras, que nos pertenecen por ley y que hemos habitado durante generaciones», denunció el cacique, calificando esta situación como un atropello a los derechos de los pueblos indígenas.

Crédito de la foto: ArgentinaForestal.com

Gestión en el territorio y un poco de humanidad

Ambas historias reflejan un abandono institucional que vulnera derechos fundamentales y cuestiona los valores de igualdad y dignidad. El agua, reconocida como un derecho humano por las Naciones Unidas, se ha convertido en un recurso condicionado en estas dos comunidades Mbya Guaraní en Misiones.

 

Las comunidades Mbokajaty y Puente Quemado II, acompañadas por el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA), se niegan a ceder ante la injusticia. Exigen públicamente soluciones concretas: perforaciones, instalaciones de agua potable y, sobre todo, respeto por sus derechos territoriales y culturales.

 

El Estado tiene una responsabilidad ineludible: garantizar el acceso al agua potable, sin condicionamientos, y reparar las violaciones a los derechos humanos que estas comunidades INDÍGENAS enfrentan.

 

La crisis de estas comunidades no es un problema aislado. Es un reflejo de la desprotección de los pueblos indígenas y de la urgencia de priorizar políticas públicas inclusivas y justas, con más empatía y acción en el territorio, asegurando que el acceso al agua potable deje de ser un privilegio y sea reconocido como lo que es: un derecho humano básico.

 

 

Por Patricia Escobar

@argentinaforest 

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