Roberto Delgado, presidente de la Cámara de Mandatarios de Misiones, analizó cómo la actualización de los precios de ACARA ( Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina) afecta impuestos vehiculares como la patente, ya que cuando se aplican los nuevos valores, los usuarios enfrentan complicaciones en transferencias. Según Delgado, la falta de coordinación entre organismos tributarios, que resulta evidente, expone problemas estructurales. Además, señaló que estos cambios generan incertidumbre para los mandatarios y usuarios.
Fuente: Radio República
Roberto Delgado explicó que el precio de los autos en Argentina es regulado por ACARA, organismo que fija valores que luego afectan distintos impuestos, como el precio de la patente: “El ente regulador del precio de los autos es ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina). Es el ente que regula en toda Argentina el valor de los autos. La patente de los autos, el IPA, el Impuesto al Parque Automotor, que se paga todos los años, es un porcentaje sobre esa base, sobre el precio de los autos”.
Según el promotor, el aumento en las patentes vehiculares se debe a las modificaciones en el valor de los autos y no se debe a un cambio en el porcentaje aplicado: “Lo que todos los años se modifica es el valor del vehículo”.
En este marco, Delgado explicó que existen desacuerdos en los valores ajustados: “La actualización de los precios de ACARA tiene un impacto directo en el sistema tributario, pero también ha generado inconsistencias con otros organismos”.
De este modo, el mandatario detalló: “El 16 de diciembre cerró la actualización de los precios de ACARA para el año 2025, que se empezó a aplicar a partir del 1 de enero. Sin embargo, la Dirección Nacional del Registro de Automotor no tomó los precios de ACARA, sino que se manejó con los precios del año pasado, del 2024”.
Esta situación Delgado la describió como un “desacuerdo que provocó problemas para los usuarios y mandatarios” y puntualizó en que “mucha gente se llevó la sorpresa de que entraba a la página de la Dirección Nacional, hacía un presupuesto, lo pasaba a nosotros los mandatarios, y cuando nos presentamos en el registro nos encontrábamos con que deberíamos pagar un poco más”.
Por otro lado, Delgado hizo hincapié en cómo las discrepancias afectan las transferencias vehiculares: “La Dirección Nacional está cobrando las transferencias, aranceles de registros y demás en base al precio del año pasado. Pero el sellado de cada provincia se mantiene por el precio de ACARA”.
Y completó: “Esta falta de coordinación genera incertidumbre tanto para los mandatarios como para los usuarios”.
Según Delgado, el aumento generalizado del valor de los autos, que ronda entre un 2% y un 3%, repercute directamente en los impuestos vehiculares: “De ese valor del vehículo tenemos que sacar el valor que tenemos que pagar de impuesto al parque automotor, que suele ser entre el 1% y el 2,5%, dependiendo del auto, modelo, tipo de vehículo, si es de alta gama, si es de lujo o si es pickup”, señaló.
El rol de ACARA y la falta de acuerdos nacionales
El titular de los Mandatarios de Misiones aclaró: “ACARA es una asociación privada, algo que no siempre es evidente para el público”. De esta manera, aseguró: “Son quienes regulan. Manejan el precio de los vehículos en Argentina, y lo único que están regulando ahora es el precio del auto. Es lo que les quedó”.
En este punto señaló que “la falta de coordinación entre ACARA y el gobierno nacional también complica el panorama”, ya que “el Gobierno nacional dice que cada provincia se maneje, que cada localidad se maneje. Estamos viendo a diario este tipo de comentarios. Pero obvio que siempre es bueno que haya una ley que regule que las provincias trabajen de las mismas formas”.
Delgado considera que una solución posible es un sistema más uniforme: “Sería ideal porque entonces cada provincia regula a su manera; pero obviamente que siempre todas estas cuestiones están coordinadas entre todas las provincias”. Sin embargo, reconoció que esto también requiere un nivel de armonización entre jurisdicciones.
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