El Gobierno nacional oficializó la prórroga del Presupuesto 2023 mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, una medida que generó fuertes cuestionamientos desde distintos sectores de la oposición. La decisión implica que se volverá a utilizar la ley de ingresos y egresos aprobada en 2022 para el último año de la gestión de Alberto Fernández y que ya había sido prorrogada para el 2024 bajo la administración de Javier Milei.
La prórroga por segundo año consecutivo se ampara en la Ley de Administración Financiera del Sector Público Nacional, que en su artículo 27 permite reconducir el presupuesto anterior si no se aprueba uno nuevo. Sin embargo, este mecanismo había sido utilizado únicamente de forma excepcional y nunca durante dos años consecutivos, lo que desató un intenso debate.
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La oposición considera que esta estrategia busca otorgarle al Ejecutivo mayor discrecionalidad en el manejo de los fondos, especialmente en un contexto donde la inflación incrementa significativamente la recaudación. Según estimaciones, el Ejecutivo dispondrá entre 25 y 30 billones de pesos para manejar de manera discrecional, lo que representa cerca del 30% del gasto público proyectado en el presupuesto 2025 elaborado por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.
Germán Martínez, presidente del bloque Unión por la Patria, denunció que no existe una situación excepcional que justifique la falta de un presupuesto sancionado por el Congreso. Según Martínez, la decisión responde a una intención deliberada de Javier Milei de mantener el control absoluto sobre las finanzas públicas.
“Milei nunca quiso tener Ley de Presupuesto. Quiere total arbitrariedad en el manejo de las finanzas públicas”, afirmó Martínez en su cuenta de X (antes Twitter). También remarcó que no hay antecedentes recientes de una situación similar y que el Ejecutivo está “forzando la interpretación del artículo 27” de la normativa financiera.
Por su parte, Esteban Paulón, diputado del socialismo integrante del bloque Encuentro Federal, calificó la situación como preocupante: “Es un presupuesto que se formuló en 2022 y que arrastra un 600% de inflación. Si no había fondos para rutas nacionales, programas sociales o de salud, tampoco va a haber para el año 2025”. Según el legislador, esta medida “cristaliza la discrecionalidad de Milei en un año electoral”.
En contraste con las críticas de los sectores más enfrentados al oficialismo, los denominados bloques dialoguistas optaron por no pronunciarse. Diputados de la UCR, quienes en su momento propusieron votar sin modificaciones el proyecto presentado por la Casa Rosada, evitaron reabrir el debate. Lo mismo sucedió con representantes del PRO, que también decidieron dar por cerrada la discusión sobre la hoja de ruta financiera del Gobierno.
En tanto, la mayoría de las provincias que sí aprobaron sus presupuestos para 2025 lo hicieron basándose en las proyecciones macroeconómicas oficiales presentadas por el propio Javier Milei. Sin embargo, estas aprobaciones locales contrastan con la postura del Ejecutivo nacional, que optó nuevamente por la reconducción, una estrategia inédita que marca un precedente en la administración financiera del país.
La prórroga del Presupuesto no solo se presenta como un desafío técnico, sino también como un tema político de alto impacto en un año marcado por las elecciones, donde la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos podría jugar un rol decisivo.
Fuente: Infobae
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
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