La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentará en enero la reforma integral de la Policía Federal Argentina (PFA), que será implementada a través de un decreto presidencial. Este cambio busca descentralizar la fuerza, aumentar el número de efectivos en el interior del país y redirigir sus funciones hacia la investigación criminal.
La reforma del a Policía Federal también incluirá modificaciones en la Ley Orgánica (21.965) para adaptar la institución a los nuevos objetivos. Este plan gubernamental busca incrementar en un 10% anual la cantidad de agentes destinados al interior del país durante los próximos cuatro años.
Actualmente, el 70% de los efectivos se encuentra concentrado en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, mientras que solo el 30% opera en provincias. Con esta estrategia, el Gobierno pretende alcanzar una distribución del 50% para 2026, equilibrando las operaciones entre el área metropolitana y el resto del territorio nacional.
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Por otro lado, la reforma contempla la creación de nuevos departamentos dentro de la estructura de la PFA. Entre ellos se destacan áreas especializadas en investigación, narcotráfico y logística. Estos cambios se complementarán con un programa de capacitación para la dotación actual de la fuerza.
Un funcionario explicó a los medios nacionales: “La idea es que progresivamente se convierta en una agencia de investigación criminal, sin policías en el territorio, que se encargue de desactivar los niveles de criminalidad”. El modelo que inspiró esta iniciativa es la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos.
Actualmente, la Policía Federal cuenta con una estructura jerárquica encabezada por los comisarios generales Luis Alejandro Rolle y Mariano José Giuffra. La institución tiene diez superintendencias y seis direcciones generales, que abarcan funciones como investigación, aviación federal, inteligencia criminal y cooperación internacional. Además, dispone de delegaciones en todo el país, con una fuerte presencia en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza.
En paralelo a esta reestructuración, el Gobierno impulsa la sanción de una Ley Antimafias que busca endurecer las penas contra el crimen organizado y el narcotráfico. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, propone sanciones de hasta 20 años de prisión por formar parte de asociaciones ilícitas y establece cambios en los códigos Penal y Procesal Penal. Estas modificaciones forman parte de un enfoque integral para combatir el delito de manera más eficaz.
El Ejecutivo también prepara un decreto que ampliará las competencias de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interna. Este documento permitirá que los militares actúen contra organizaciones terroristas y bandas de narcotráfico extranjeras que operen en el territorio nacional.
El decreto autorizará su participación en la protección de objetivos estratégicos como centrales nucleares y represas. De esta forma, el Gobierno busca dejar sin efecto el decreto 727/2006, que limitaba la actuación de las Fuerzas Armadas a agresiones externas perpetradas por otros Estados.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024

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