El Parlamento surcoreano decidió remover del cargo al presidente Yoon Suk Yeol tras su decreto de ley marcial del 3 de diciembre, que generó una profunda crisis política en el país. El primer ministro Han Duck-soo asumirá como mandatario interino mientras el Tribunal Constitucional define si confirma la decisión.
La destitución fue aprobada este sábado por 204 votos a favor y 85 en contra en la Asamblea Nacional. Yoon quedará suspendido de sus funciones una vez que el documento de destitución sea remitido al Tribunal Constitucional, que tendrá hasta 180 días para decidir si ratifica la remoción. En caso afirmativo, se convocará a elecciones presidenciales en un plazo máximo de 60 días.
Esta fue la segunda vez que el Parlamento intentó destituir a Yoon. La primera moción no prosperó porque legisladores oficialistas del Partido del Poder del Pueblo boicotearon la votación. Sin embargo, esta vez varios miembros del partido decidieron respaldar la destitución, impulsados por protestas masivas y la caída en la aprobación presidencial.
En las últimas semanas, miles de personas se manifestaron cada noche en Seúl para exigir la salida de Yoon. Entre cánticos y consignas, usaron elementos simbólicos como barras de luz de K-pop. Paralelamente, simpatizantes conservadores del presidente organizaron marchas pacíficas en su apoyo.
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El decreto de ley marcial, el primero en más de 40 años en el país, estuvo vigente solo seis horas, pero causó una crisis política y económica. Tras su emisión, el Parlamento votó para revocarlo de forma unánime. Yoon, en respuesta, desplegó tropas y policías frente a la sede legislativa, aunque no hubo enfrentamientos violentos.
El decreto fue ampliamente criticado por expertos y partidos opositores, que lo calificaron como inconstitucional. Según la ley surcoreana, un presidente solo puede declarar la ley marcial en tiempos de guerra o emergencia extrema, sin interferir en las operaciones parlamentarias.
La moción parlamentaria acusó a Yoon de “cometer un acto de rebelión que amenaza la paz y el orden constitucional”. El documento señala que el decreto buscaba intimidar al Parlamento y a la población.
En un discurso del jueves, Yoon rechazó las acusaciones y defendió su decisión como legítima: “Lucharé hasta el final para evitar que las fuerzas y grupos criminales que paralizan el gobierno y alteran el orden constitucional amenacen el futuro de la República de Corea”.
Por su parte, el líder opositor Lee Jae-myung respondió: “Esto es una declaración de guerra contra su propio pueblo”.
Yoon enfrenta actualmente una investigación por delitos de rebelión y abuso de poder, entre otros. Según la ley del país asiático, el presidente puede ser arrestado y procesado si se lo considera culpable de rebelión o traición, delitos que podrían acarrear cadena perpetua o la pena de muerte.
Además, altos funcionarios, incluidos el ministro de Defensa y el jefe de la policía nacional, fueron detenidos en relación con el caso. El país atraviesa una de las crisis políticas más graves de su historia reciente.
Con información de Infobae.
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