El Gobierno nacional implementó medidas para erradicar la propaganda política en edificios del Estado y evitar el adoctrinamiento partidario en escuelas. Mediante dos decretos, se prohíbe el uso de símbolos políticos y se protege la integridad educativa de niños y adolescentes. Estas políticas buscan mantener la neutralidad en los espacios públicos y educativos.
En una medida que busca limitar el uso partidario de los espacios públicos, el Gobierno nacional prohibió la propaganda política en edificios del Estado y estableció nuevas normativas para el ámbito educativo.
A través de los decretos 1084/2024 y 1086/2024, publicados en el Boletín Oficial, se dispone la eliminación de referencias que puedan interpretarse como propaganda política en oficinas, monumentos y obras públicas. Además, se establece un período de diez años desde el fallecimiento de un funcionario para poder homenajearlo en instalaciones estatales. Los decretos fueron firmados por el jefe de Ministros, Guillermo Francos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el presidente Javier Milei.
Restricciones a la exaltación política en edificios públicos
El decreto 1084/2024 prohíbe la exhibición de imágenes, símbolos, y cualquier referencia que pueda ser considerada propaganda política en edificios del Estado. Además, se impide la denominación de bienes públicos con nombres de personalidades políticas hasta que transcurran diez años desde su fallecimiento. Este decreto también establece que no se podrán asignar nombres de personas que hayan accedido a cargos mediante actos de fuerza contra el orden constitucional.
Nuevas normas para el ámbito educativo
En el ámbito educativo, el Gobierno modificó la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, subrayando que la imposición de ideologías políticas vulnera el derecho a la educación y a la integridad personal. La normativa ahora prohíbe cualquier forma de adoctrinamiento político en las escuelas, defendiendo la libertad de conciencia de los estudiantes. La administración de Javier Milei ha dado un paso significativo en la prevención de la utilización de recursos estatales para fines partidarios, tanto en el ámbito público como educativo. Estas medidas pretenden asegurar la neutralidad política en espacios estatales y proteger los derechos de los estudiantes a una educación libre de influencias ideológicas.
