La fiscal Dupuy señaló que la fiscalía en ciberdelitos de Misiones será fundamental para una investigación más eficiente y defendió el “ciberpatrullaje”

La fiscal Daniela Dupuy destacó el rol de las dependencias judiciales especializadas en ciberdelitos e hizo hincapié en la actualización urgente del Código Penal argentino frente al avance tecnológico. También hizo un llamado a la educación de la sociedad debido al aumento de denuncias por abuso sexual infantil en línea y elogió la rapidez con la que se actuó en el caso Kiczka en Misiones.

Daniela Dupuy, fiscal especializada en Delitos Informáticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y directora del Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (OCEDIC) de la Universidad Austral, brindó una conferencia junto al presidente de la Legislatura, Oscar Herrera Ahuad; la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Venchiarutti y el procurador general, Carlos Giménez, en el marco de su visita a Misiones.

Con una vasta experiencia en el área que la respalda, compartió su perspectiva sobre la especialización en el tratamiento de los delitos ocurridos en el ciberespacio, la necesidad de una legislación acorde y el papel medular de la prevención en la lucha contra el abuso infantil y las estafas digitales.

Explicó que su trabajo se desarrolla bajo dos “sombreros”, uno orientado a la función pública en el Poder Judicial y otro vinculado a la investigación académica que “me permite focalizar actividades que en el ámbito judicial no podemos hacer”, dijo.

Según la fiscal, mientras que en el ámbito judicial se deben resolver los casos de manera rápida y eficaz, el Observatorio, enmarcado en el ámbito universitario, ofrece la oportunidad de investigar en profundidad y proyectar soluciones a largo plazo, como la creación de campañas de concientización y formación. “El observatorio tiene cuatro ejes: Violencia de Género Digital, Ciberfraudes, Niños, Niñas y Adolescentes, y Nuevas Tecnologías e Inteligencia Artificial, y esto incluye una serie de cuestiones de última generación”, precisó.

En este sentido, mencionó la eficiencia de contar con equipos especializados en delitos digitales, tales como la Fiscalía creada recientemente en Misiones en la que asumió Juan Pablo Espeche. Dupuy recordó que cuando comenzó a trabajar en el ámbito penal, junto a sus colegas se enfrentaban a estos casos sin los conocimientos adecuados.

“La creación de una fiscalía especializada es fundamental. Estos casos nos llegaban a todos los fiscales. Y no sabíamos cómo afrontarlos, cómo investigarlos. Haber especializado una única fiscalía con un equipo que cada vez se requiere más gente, más recursos técnicos y más recursos informáticos, es decir, personas técnicas e informáticas, como ustedes tienen la SAIC, que nos permitan y nos ayuden a investigar. Especializar permite ver la foto entera de lo que es el mundo del cibercrimen, y allí seguramente el señor procurador general, va a poder tomar medidas de política criminal adaptadas a lo que pasa aquí, a lo que pasa en Misiones”, sostuvo.

Consideró que cada provincia debe destinar un área al cibercrimen porque se trata de un flagelo que traspasa las fronteras nacionales, pues los ataques y estafas pueden afectar inclusive desde otros países.

Además, destacó la necesidad de un sistema acusatorio moderno que permita a los fiscales investigar y presentar casos de manera independiente, pero siempre con el control de los jueces. “El binomio juez y fiscal funciona muy bien en el marco del principio de objetividad e imparcialidad”, afirmó.

Medidas de investigación tecnológica

Dupuy hizo hincapié en que se debe actualizar el Código Penal de la Nación, indicando la falta de legislación sobre delitos como el uso de inteligencia artificial para crear imágenes de abuso sexual infantil, el ciberpatrullaje, la Open Source Intelligence (OSINT) y la vigilancia e investigación remota. “Cuando está bien legislado a nosotros nos permite aplicar la ley tal cual está”, acentuó.

“Todavía no tenemos incluido en nuestro código penal las creaciones artificiales de imágenes de bebés, niños y niñas siendo abusados. En todo el mundo es delito, en nuestro país todavía no. La libertad de expresión y los derechos de las víctimas de los niños, niñas y adolescentes se deben considerar porque aparece su carita real y su cuerpo con una creación de inteligencia artificial que lo que hace es mostrar que está llevando a cabo una actividad sexual”, alertó.

Y completó: “A esa niña, a esos adolescentes y en lugares quizás donde todos se conocen, realmente es un problema que van a acarrear durante muchísimo tiempo. Ni hablar si eso queda en las redes y queda en el ciberespacio y no se ordena desindexarlo. Si se hace una búsqueda en Google, lo primero que aparece es la foto de esa nena porque salió en todos los medios”.

De allí que la fiscal señaló que, a nivel mundial, las medidas de investigación como el agente encubierto digital  y las enumeradas anteriormente, son nodales para hacer frente al aumento de los delitos informáticos, pero aún falta una regulación clara en nuestro país.

La prevención, un trabajo conjunto con la sociedad

De esta manera argumentó que “alguien tiene que hacer algo, porque creo que de eso se trata, de trabajar todos juntos. Acá no hay una estrella. Es realmente mucho lo que podemos hacer por esos niños, niñas y adolescentes o por esos adultos que son víctimas de fraudes constantemente”. De allí que desde OCEDIC la experta hizo un llamado a la sociedad para que esté más alerta frente a los riesgos digitales.

“El Observatorio trabaja para la sociedad, para transmitir los riesgos y evitar que las personas sean víctimas. A través de programas como ‘OCEDIC va a la escuela’, buscamos educar y prevenir”, sostuvo.

No obstante, Dupuy manifestó que el trabajo de prevención se debe intensificar frente al alarmante aumento de denuncias por abuso infantil en línea. Según informó, en la Fiscalía a su cargo en 2016 se registraron 8.200 denuncias por abuso sexual infantil, mientras que este 2024 la cifra ascendió a 104 mil denuncias. “El aumento es escandaloso y debemos hacer algo al respecto”, ponderó.

Desde el Observatorio, la referente de la justicia a nivel nacional lidera un equipo que trabaja activamente para evitar que los delitos ocurran, pues según confesó en charlas que desarrollan en instituciones educativas, “al finalizar, tímidamente, se acerca uno, dos o tres adolescentes diciendo: ‘A mí me pasó y no supe a quién recurrir’. Por eso creo que el compromiso tiene que ser de toda la República Argentina y otra vez me enorgullece que sea justamente con la provincia de Misiones, con la Cámara de Diputados, con el Tribunal Superior de Justicia y con la Procuración General”.

Aún más, resaltó el impacto de los ciberataques en infraestructuras críticas, como los centros de salud. “Un ataque a estos sistemas es gravísimo, ya que puede paralizar servicios esenciales, como la atención médica de urgencia. Es un tema que debe preocuparnos a todos”.

Para la fiscal “tenemos que educar a nuestra sociedad y que esté alerta constantemente. Y no solamente a la sociedad, también a las empresas, a los gobiernos, a las infraestructuras críticas como los hospitales”.

Caso Kiczka

El caso de Germán Kiczka en Misiones, el cual involucró a un diputado del Bloque Activar, a quien se lo relaciona con la tenencia y distribución de material de abuso infantil y se encuentra detenido junto a su hermano Sebastián -imputado por delitos de esta misma índole- puso en evidencia la magnitud de la cibercriminalidad, un fenómeno transnacional que exige respuestas coordinadas.

“Mi experiencia con Misiones fue 10 puntos. Constantemente estuvimos en contacto con el señor procurador general, con el equipo de la SAIC, con los investigadores y con el señor juez. Intercambiamos experiencias porque de eso se trata la cibercriminalidad: nos vuelve menos rígidos que antes y necesita que los operadores, cualquiera sea el rol que ocupemos, estemos en constante comunicación”, dijo.

El caso Kiczka se resolvió mediante una operación internacional, que involucró el allanamiento de más de 10 lugares en Buenos Aires, donde se descubrió que usuarios de las redes sociales compartían y distribuían imágenes y videos de abuso infantil. “No tengo más que elogios, porque han actuado de una manera rapidísima. Todo lo que se resolvió es acorde a lo que vi en los primeros momentos en los que tuve el caso antes de enviarlo. Espero que llegue a juicio oral prontamente y que se pueda resolver y que se tome una decisión en consecuencia”, añadió.

A pesar de la gravedad del hecho, la doctora aclaró que las víctimas no provienen de un sector socioeconómico específico. “Esto es transversal a cualquier persona, no importa la clase sociocultural”, remarcó.

Por último, insistió en que la protección a los menores debe ser un compromiso de todos los sectores, desde el Estado hasta los propios padres. “No importa cuán preparados estemos, nuestros hijos están siempre interconectados. Hay que trabajar mucho, no privarles, trabajar mucho con ellos y acompañarlos para evitar que sean víctimas”, enfatizó.