El Gobierno nacional, representado por el vocero presidencial Manuel Adorni, informó que enviará al Congreso un proyecto para reformar la legislación migratoria. El plan contempla implementar tarifas para la atención médica y la educación universitaria destinadas a personas extranjeras que no residen en el país.
En el sector educativo, la medida busca establecer una fuente de ingresos para las universidades públicas, permitiéndoles cobrar matrículas a estudiantes extranjeros, especialmente en áreas como Medicina, donde su presencia puede alcanzar el 30% en algunas instituciones. Sin embargo, según cifras oficiales, estos alumnos representan apenas un 4,3% del total de la matrícula universitaria en el país. Este cambio podría impactar a unos 79.800 estudiantes, aunque su implementación genera interrogantes, ya que la normativa actual exige residencia y DNI para inscribirse en las universidades.
En el ámbito sanitario, el objetivo es replicar modelos implementados por provincias como Salta, Santa Cruz y Mendoza, donde ya se establecieron tarifas para la atención médica de personas extranjeras sin residencia permanente. En Salta, por ejemplo, esta política generó ahorros considerables y redujo la llegada de pacientes de otros países que buscan atención gratuita en Argentina, un fenómeno descrito como «tours sanitarios».
Desde el Ministerio de Salud Nacional, se justifica la iniciativa argumentando que el acceso gratuito a servicios públicos por parte de migrantes sin intención de radicarse en el país no beneficia a la sociedad ni encuentra sustento en la Constitución. Sin embargo, la medida enfrenta críticas, especialmente desde jurisdicciones como la Provincia de Buenos Aires, que mantiene la gratuidad total en su sistema de salud.
Los detractores del proyecto, incluyendo al ministro bonaerense Nicolás Kreplak, consideran que estas propuestas no tienen en cuenta las realidades del sistema sanitario y alimentan divisiones sociales. Kreplak señaló que en su provincia las consultas e internaciones de extranjeros representan una fracción mínima del total, aunque reconoció que la situación es diferente en las regiones fronterizas del norte.
La propuesta también busca contrarrestar el impacto de las deficiencias en los sistemas de salud de países vecinos, que incentivan a sus ciudadanos a buscar servicios gratuitos en Argentina. Aunque aún se desconoce el texto completo del proyecto, su alcance dependerá de cómo las autoridades nacionales y provinciales coordinen la implementación, teniendo en cuenta las distintas necesidades regionales.
FUENTE: Infobae.
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