Posadas es anfitriona del IV Plenario Anual de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) que reúne a más de 30 representantes de todo el país en el salón Dos Constituciones de la Cámara de Representantes. En la sesión plenaria de hoy, se definirán acciones para la Agenda 2025, con temas clave como las tarifas de servicios públicos y impacto del juego de apuestas en adolescentes.
La capital misionera se convirtió en un punto de encuentro para los defensores de derechos ciudadanos de todo el país desde este lunes, con la inauguración de la Cátedra Abierta de la Defensoría del Pueblo en la Universidad Católica de Santa Fe.
La cátedra busca servir como un puente entre el ámbito académico y la realidad social, en un esfuerzo por abordar los desafíos que enfrenta la sociedad actual. Valeria Fiore, defensora del pueblo de Posadas, destacó la importancia de esta convocatoria.
Además, se refirió a la sesión plenaria de hoy en la que participan más de 30 defensores de diversas provincias del país. “Vamos a estar sacando definiciones y concretando la Agenda 2025, de toda la actividad que nuclea y los temas puntuales que vemos que se van repitiendo en los diferentes lugares del país”, afirmó.
Entre los temas que se abordarán, la defensora mencionó varias preocupaciones de relevancia nacional, como las tarifas de subsidio energético, la inclusión de tasas municipales en las boletas de servicios públicos y la tarifa diferenciada para zonas cálidas y frías. “Es un buen muestreo de lo que preocupa a la sociedad, lo que pasa en el país, y esto requiere el pronunciamiento de los defensores en nuestro carácter de defensores de derechos, y ahí estaremos, así que hoy vamos a sacar resoluciones y planificaciones”, indicó Fiore.
De esta manera, la defensora subrayó tres puntos medulares para la agenda de Misiones: la tarifa diferenciada para zonas cálidas, la inclusión de tasas municipales en las facturas de servicios públicos y la normativa relacionada con SADAIC y AADI CAPIF. También mencionó la problemática del juego de apuestas entre adolescentes, una problemática que actualmente es objeto de análisis a partir de datos científicos obtenidos en Posadas y otras ciudades como CABA y Córdoba.
En relación con la relevancia de que la capital misionera sea sede de este evento, Fiore expresó: “Para nosotros es muy importante. Se hicieron otros encuentros. Es un reconocimiento y un desafío a esta altura del año poder convocar a estas personas”. La decisión de elegir la ciudad para este encuentro fue una muestra del compromiso de la Defensoría con la escucha activa y la inclusión de todas las voces en el proceso de toma de decisiones. “Es un lugar donde todos pueden hablar, donde todos pueden opinar”, enfatizó.
Por su parte, la defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños, puso en valor la concreción de asambleas anuales federales y abordó algunas de las principales demandas que actualmente atraviesan el país, tales como el mantenimiento de las rutas nacionales y el aumento de tarifas. Sumado a esto, advirtió sobre las dificultades para garantizar el acceso a medicamentos para los jubilados.
“En cada asamblea se van sumando temas, la verdad que el número es infinito, tenemos más de 14 temas en agenda, tratamos obviamente de priorizar los que cruzan a todo el país y, lamentablemente, vamos sumando más en cada una de las asambleas. Tenemos temas importantísimos como el mantenimiento de las rutas nacionales, el aumento de tarifas. Ahora se han sumado otros, como los medicamentos para los jubilados. Son todos temas muy importantes que hacen a la vida cotidiana de nuestra gente”, explicó.
En este sentido, aludió al avasallamiento de derechos vinculados a tratados internacionales, señalando que se emitieron un número récord de recomendaciones. En relación con las respuestas de Nación, aseveró que en muchos casos las demandas no son satisfechas. Sin embargo, resaltó el trabajo constante para mantener un canal de comunicación activo con el Gobierno nacional y otros organismos involucrados.
“No tenemos respuesta oficial formal por escrito como nos gustaría, pero sí hemos generado una agenda muy activa de reuniones presenciales. Ya tenemos fecha para una reunión que venimos pidiendo desde principio de año con Vialidad Nacional, un tema que preocupa a todas las jurisdicciones”, sostuvo.
Un tema clave para Muiños es la falta de claridad en ciertas normativas, lo que dificulta su aplicación práctica. Así, trajo a colación los problemas generados por «lagunas legales» en decretos y reformas de leyes recientes, como las que afectan a los salones de fiesta. “Hay muchos decretos y algunas reformas de leyes que tienen muchas lagunas, que no están completas, que no se pueden aplicar, porque hay como un desconocimiento en la manera en que se construyen”, precisó.
De allí que hizo hincapié en la necesidad de contar con un contacto directo con los funcionarios para poder influir en las reformas necesarias y mejorar la transparencia en la toma de decisiones.
A su turno, Analía Woloszcyuk, defensora del pueblo de Bariloche, compartió sus preocupaciones sobre los desafíos que enfrentan las provincias en relación con los presupuestos y los derechos humanos, en especial los vinculados a mujeres, diversidades y personas con discapacidad.
Destacó el impacto de las decisiones gubernamentales sobre los recursos disponibles en las provincias y municipios, y subrayó que, independientemente del partido político en el poder, el respeto por los derechos humanos debe prevalecer.
“Lo que nos preocupa es que se han tomado diferentes medidas de gobierno a nivel nacional que por supuesto impactan en las provincias y en los municipios en cuanto a los recursos económicos, en cuanto a los recursos humanos. Lo que nosotros queremos es poner en relieve que cada gobierno o cada una de las medidas que se tomen pueden ser propias de los gobiernos, pero eso no tiene que verse reflejado en lo que en Derechos Humanos hablamos de principios de progresividad y su contracara que sería la no regresividad”, argumentó.
La defensora también se refirió a los temas comunes que atraviesan a las provincias del sur, tales como la ludopatía y las apuestas online, el cuidado del ambiente y la utilización de recursos naturales, y el costo de las tarifas. En particular, explicó que la zona de Bariloche depende del gas natural y por lo tanto, el aumento de tarifas genera problemas económicos en la población: “Poner en riesgo las economías domésticas con tarifas altas va a generar en la gente unas grandes deudas y cuestiones que están vinculadas con su calidad de vida y su dignidad”.
Woloszcyuk ponderó el turismo sustentable que no afecta la naturaleza, y la necesidad de un equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación ambiental.
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