El Gobierno argentino presentó este martes una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por el asedio a la embajada de Argentina en Caracas, instando a la comunidad internacional a tomar acción frente a lo que considera “crímenes de lesa humanidad” cometidos por el régimen de Nicolás Maduro.
Mario Javier Oyarzábal, embajador argentino ante los Países Bajos, hizo pública la denuncia durante su intervención en la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, que se celebra en La Haya. “La situación en Venezuela exige una atención inmediata. Lamentamos profundamente la falta de avances sustantivos en las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía”, expresó el diplomático, quien además destacó la gravedad de los hechos ocurridos en los últimos meses.
Oyarzábal subrayó que tras las elecciones del pasado 28 de julio, la situación en Venezuela ha empeorado significativamente. “Venezuela no puede considerarse un Estado de Derecho. Los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados y la voluntad democrática de su población es ignorada de manera deliberada. Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y las violaciones graves de derechos fundamentales requieren investigaciones rigurosas e integrales que estén a la altura de las expectativas de justicia internacional”, agregó.
El embajador detalló que la embajada argentina en Caracas ha sido objeto de asedio por parte de fuerzas policiales y actores armados no identificados, en represalia por haber ofrecido asilo a personas cuya vida corría peligro. “Nuestra misión diplomática en Caracas ha enfrentado situaciones de asedio. Actualmente, la sede de nuestra embajada y los asilados allí presentes se encuentran bajo la protección de Brasil, país al que agradecemos”, explicó Oyarzábal, aunque hizo hincapié en que es urgente que se respeten las normas de inviolabilidad diplomática y que se otorguen los salvoconductos necesarios para garantizar una salida segura de los asilados.
En su intervención, Oyarzábal pidió a la CPI “actuar con determinación para asegurar que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la Justicia”, y advirtió que “la impunidad no solo perpetúa el sufrimiento de las víctimas, sino que también erosiona los fundamentos del orden jurídico internacional”.
Protección brasileña ante la amenaza de persecución
La embajada argentina en Caracas permanece desde agosto bajo la protección del Gobierno de Brasil, luego de que Venezuela expulsara a los diplomáticos argentinos. A pesar de que en septiembre el gobierno de Maduro revocó esta autorización, la situación de los asilados en la sede diplomática sigue siendo crítica. Según las autoridades venezolanas, los seis venezolanos refugiados en la embajada, colaboradores de la líder opositora María Corina Machado, estarían involucrados en la planificación de actos terroristas dentro de la sede diplomática.
La exdiputada María Corina Machado se manifestó sobre la situación en las redes sociales, calificando los hechos como una violación flagrante de los derechos humanos. “Las cosas hay que llamarlas por su nombre: lo que ocurre hoy en la Embajada de la Argentina en Caracas, bajo protección de Brasil, es tortura en territorio argentino”, escribió.
Machado también denunció que los seis asilados, entre ellos Pedro Urruchurtu, Magalli Meda, Omar González, Claudia Macero, Humberto Villalobos y el exministro Fernando Martínez Mottola, permanecen aislados, sin agua ni luz, y rodeados por fuerzas del régimen que intensifican el acoso.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
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