Afirmadas en los buenos resultados de la economía, las huestes libertarias redoblan la batalla contra el progresismo en todas sus formas. Desde la cresta de la ola, Milei se despacha contra todos los adversarios que construyó y no se salva ni su vice. Los yerbateros sufren el rigor del libre mercado impuesto por el Gobierno nacional y la Provincia sale nuevamente a buscar soluciones.
A Milei no le vengan con eso de ser magnánimo en la victoria, el hombre no pide tregua cuando le toca perder y cuando monta el caballo del triunfo es despiadado. Y eso corre para cualquiera que se separe aunque sea un centímetro de la senda trazada por el triángulo de hierro que el presidente conforma junto a su hermana Karina y el asesor estrella Santiago Caputo.
No importa si se trata de un opositor acérrimo, un periodista que marque alguna disidencia, un aliado habitual que pone alguna condición o alguien tan cercano como la vice Victoria Villarruel. Todos corren la misma suerte: son declarados enemigos del bien y sujetos de lapidación simbólica.
La economía aporta buenas noticias porque la inflación baja, el dólar se sostiene, el riesgo país se desmorona y las reservas se recomponen lentamente. La victoria de Donald Trump acerca la posibilidad de que la renegociación con el FMI llegue con dólares frescos (cuando todavía no se devolvió uno solo de los 45 mil millones que recibió el gobierno de Macri) y los planetas del sistema político vernáculo se alinearon a favor de los intereses del Gobierno.
Las encuestas coinciden en atribuir una mejora a la imagen pública del Presidente, que después de haber acusado el golpe de los vetos a las leyes universitaria y jubilatoria, se recuperó y volvió a superar el 50% de opiniones positivas en todos los sondeos realizados en las últimas dos semanas.
El transcurrir de los meses responderá las dudas que muchos analistas de la economía plantean respecto a la sustentabilidad del programa económico, pero mientras tanto Milei aprovecha las mieles de la victoria para saldar cuentas pendientes y avanzar en la revolución cultural antiprogresista.
El periodismo volvió a ser blanco de la virulenta verba presidencial, primero en una entrevista con el tecnólogo Lex Frydman y luego en una catarata de posteos en la red social X: delincuentes, torturadores profesionales, ensobrados, extorsionadores, corruptos, coimeros, delincuentes, fueron algunos de los calificativos que el anarcocapitalista dedicó en forma general a los profesionales de la comunicación. Curiosa deriva para una figura que surgió al conocimiento popular como un producto televisivo.
Después llegó el turno de pasarle factura a la díscola Victoria Villarruel, que de un plumazo fue desterrada de las fuerzas del cielo y metida a los empujones dentro del colectivo de la casta. El presidente declaro que, a los efectos prácticos, su vice no ya no formaba parte de su gobierno porque “está cerca del círculo rojo y de lo que ella llama la alta política, lo que nosotros llamamos la casta”.
No es que Villarruel haya dicho o hecho algo en los últimos días que haya molestado a Milei, es que el presidente tenía esa espina atravesada y ahora se siente con la fortaleza necesaria para sacársela.
El pecado de la “dama de hierro” que otrora fue orgullo de las huestes libertarias fue haber actuado con agenda propia. Como lo hizo con el episodio Francia vs Enzo Fernández o en el insólito rescate a la denigrada figura de Isabel Martínez de Perón o cuando se atrevió a marcar diferencias con decisiones de gobierno, por ejemplo al cuestionar las gestiones de la excanciller Diana Mondino para que Inglaterra pudiera retomar los vuelos a Malvinas.
Nuevas olas
La escalada en la virulencia de los ataques libertarios y la ampliación del rango de destinatarios de los mismos responde a lo que el ideólogo de extrema derecha, Agustín Laje, llama la “cuarta ola” de la batalla cultural que tiene como objetivo central terminar de cavar la zanja que divide a los “argentinos de bien” de los “zurdos hijos de mil puta”, colorido apelativo que el autor usó para definir a todos los que tienen algún grado de coincidencia con lo que desde las nuevas derechas despectivamente denominan como “agenda woke”.
La batalla no es solo en lo económico, sino también en lo cultural. El feminismo, el ecologismo, la justicia social, el respeto a la diversidad sexual, el reconocimiento de derechos a grupos aborígenes y el globalismo son algunos de los enemigos principales de esta batalla que por ahora se libra casi exclusivamente en los terrenos virtuales de las redes sociales, pero que en algunos casos empieza a bajar al terreno tangible de lo físico.
Los que hace poco juraban respetar a ultranza el proyecto de vida de los demás, hoy despliegan banderas que recuperan el viejo lema conservador “Dios, Patria y Familia” y condenan a todos los que no se ajusten a esa ideología.
Esa épica cruzada cuenta desde esta semana con un ejército organizado: la organización “Fuerzas del cielo”, presentada formalmente por Daniel Parisino, más conocido en el terreno de las redes como “Gordo Dan” quien la definió sin más vueltas como “el brazo armado del presidente”.
Mate amargo
Los productores yerbateros siguen manifestando su disconformidad en reuniones y asambleas. La última tuvo lugar el viernes en Andresito, allí se dio cita un nutrido grupo de colonos que sentó postura respecto a los precios de la materia prima. Acordaron exigir no menos de 490 pesos por kilo de hoja verde en la próxima cosecha.
El problema es que los productores no están en condiciones reales de establecer precios en un contexto de libre mercado como el que rige desde la quita de facultades al INYM por parte del Gobierno nacional, sino que esos valores surgen de la negociación entre las partes.
Como los productores son alrededor de 12 mil y las industrias que absorben la mayor parte de la materia prima no pasan de siete, los primeros siempre negocian en posición desventajosa frente a los segundos. Esa asimetría se profundizó este año a raíz de una cosecha récord que generó sobreoferta de hoja verde.
Pero los molineros tampoco tienen la última palabra en la definición de los precios, sino que dependen de lo que estén dispuestos a pagar los grandes jugadores de la cadena comercial, que son empresas mucho más poderosas y concentradas que la más grandes compañías de la industria yerbatera.
En una cadena en la que los eslabones más poderosos están al final y los más débiles están al principio, lo que ocurre en un contexto de mercado liberado es que los precios se definen “de adelante hacia atrás”, lo que usualmente termina desfavoreciendo a los de atrás.
El que termina estableciendo a cuánto se vende el paquete en la góndola es el supermercadista o mayorista y al resto le toca acomodarse, aunque el pedazo de la torta que le toque no le alcance ni siquiera para cubrir sus costos.
Es el modelo opuesto al que se intentaba imponer en tiempos de la regulación, primero con la CRYM y luego con el INYM, que busca aplicar la lógica inversa que consiste en definir primero un valor para la materia prima que garantice un mínimo de rentabilidad para el productor, y a partir de ese valor se definen los precios del resto de la cadena, hasta llegar a la góndola, es decir “de atrás hacia adelante”.
Esto no quiere decir que la presencia de un organismo regulador siempre haya garantizado la rentabilidad del productor, eso muchas veces no ocurrió porque ningún sistema es infalible. Pero la ausencia de regulación siempre le jugó en contra al productor, así pasó durante los 90 y se está repitiendo ahora.
Se estima que por causa de la desregulación impulsada por el gobierno de Milei en combinación con condiciones de mercado desfavorables para los productores, se generó una transferencia de recursos del orden de los 200 millones de pesos que pasaron de manos de los productores a la industria y a la cadena comercial.
Eso provocó que los productores, la mayoría de los cuales votó con entusiasmo a Javier Milei quien siempre pregonó la desregulación de todos los mercados, hoy estén atravesando una crisis. Cansados de golpear infructuosamente las puertas del Gobierno nacional responsable por la virtual desarticulación del INYM, fueron a buscar soluciones con quien siempre los atendió: el Gobierno provincial.
Pero en este punto conviene aclarar que las herramientas con las que cuenta la Provincia son limitadas. Porque en un mercado desregulado, los problemas entre privados usualmente se resuelven entre privados.
No obstante ello, tras la asamblea del viernes en Andresito, el gobernador Hugo Passalacqua recibió a una comitiva de productores con los que acordó avanzar en tres líneas de acción: gestionar ante el Gobierno nacional la designación de un presidente para el INYM, cargo que está vacante desde hace casi un año tras la renuncia de Juan José Szychowski, y el restablecimiento del pleno funcionamiento del organismo; coordinar una mesa de trabajo permanente integrada por productores, trabajadores y cooperativas, además del gobierno y acompañar a los productores en su reclamo por un precio justo para la hoja verde, que contemple los costos de producción y garantice una rentabilidad adecuada para todos los actores involucrados en la cadena.
En paralelo, la Provincia avanza en el desarrollo de un sistema de trazabilidad que aporte valor agregado al sector a partir de la posibilidad de georreferenciar el origen de la yerba de cada paquete y garantizar que fue producido cumpliendo normas laborales y de cuidado del medio ambiente, en el caso en que correspondiera.
La herramienta también permitirá a la Provincia establecer algún tipo de incentivo para las industrias que cumplan con un precio que garantice la rentabilidad del productor.
Desafíos políticos
El Gobierno nacional se encamina a un cierre de año con algunos pendientes en materia de legislación. El Presupuesto 2025 todavía es una incógnita, porque las provincias pretenden un proyecto que reconozca deudas que la Nación mantiene, algunas reconocidas por fallos judiciales como las relacionadas a las cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas a la órbita nacional, la coparticipación de los fondos de ATN que no fueron transferidos y la inclusión de algunas obras que el gobierno de Milei se comprometió a financiar cuando debió negociar votos para la Ley de Bases, pero después se olvidó.
El problema para las provincias es que no tienen muchos argumentos para sentarse a negociar con los libertarios. Porque al presidente no le urge la necesidad de tener un presupuesto aprobado. De hecho, le resultaría más cómodo seguir gobernando con el presupuesto de 2023, porque eso le daría más margen para hacer uso discrecional de los fondos.
Pero lo que sí le interesa al Gobierno es evitar que caiga el DNU 846/24, que le permite al ministro de Economía, Luis Caputo, renegociar deuda sin cumplir con las condiciones que manda la Ley de Administración Financiera (mejora de plazos, montos o intereses) ni tener un aval del Congreso.
El ministro de Economía quiere tener las manos libres para salir a tomar deuda “como sea” en caso de que la situación lo amerite, tal como ya lo hizo durante la gestión de Mauricio Macri al frente del Ejecutivo.
Alianzas y blends
En ese contexto de disputa legislativa siempre abierta, la provincia se consolida como un aliado de confianza para el Gobierno nacional en aquellos proyectos que responden a la plataforma que casi 60% de los misioneros votó en diciembre cuando eligió a Milei.
“Mientras muchas provincias hicieron politiquería, poniendo palos en la rueda y pensando en sus propios intereses políticos o sus propias derrotas de 2023, la Renovación puso proa hacia el futuro, y se direccionó a darle herramientas al presidente votado por la mayoría de los argentinos”, expresaron altas fuentes ligadas a La Rosadita.
Desde el Gobierno provincial reconocen el éxito de Milei en hacer bajar a la inflación y destacan la participación que tuvieron los diputados y senadores de la renovación misionera votando proyectos como la Ley de Bases, en un momento de mucha mayor debilidad de la gestión libertaria y que resultaron fundamentales para propiciar la baja de la inflación.
El apoyo estratégico al gobierno nacional y el respeto al voto de los misioneros hicieron que buena parte de la juventud que simpatiza con Javier Milei y que en Misiones no encontraba a un referente, se acercara a la renovación.
“Ya hay una tercera generación de misioneros con cultura renovadora que no respetan mandatos políticos de nadie, sino que vienen con manos libres y cabeza ecléctica, superadora de los odios, los actuales y los del pasado”, destacan desde el partido gobernante en la provincia que denomina a este nuevo movimiento dentro de la renovación como el “blend de ideas”.
La falta de representatividad de la oposición provincial, enfrascada en internas interminables y salpicada por casos escandalosos, como el del diputado Germán Kiczka, alto dirigente de Activar y mano derecha de Pedro Puerta que está preso acusado de integrar una red de consumo y distribución de material de abuso infantil, no hace más que reforzar la posición del Gobierno.
Pero el principal estandarte para el oficialismo no es la debilidad de la oposición sino las virtudes de una gestión que consiguió sostener servicios gratuitos para la gente aún en tiempos de recorte de fondos a las provincias.
La salud sigue funcionando, incluso ofreciendo servicios que no están disponibles en el sistema privado y remedios que en cualquier farmacia valen una fortuna. La educación cierra un año cumpliendo con los días de clases requeridos y avanzando en esquemas de modernización.
El nuevo BEEG (Boleto Estudiantil Gratuito) que anunció Ramiro Aranda, ministro de Educación, que avanza en un proceso de digitalización que facilitará la renovación del Boleto, entendiendo que muchos chicos no tienen celular y por eso se implementará un sistema basado en los registros de los Legajos Únicos de Estudiantes (LUA), los cuales se cargan en cada escuela. Con estos registros y los números de DNI, se van a simplificar los trámites para la renovación del BEEG.
El ministro también dio cuenta de la relevancia de esta medida, especialmente considerando la demografía joven de Misiones. “Somos la provincia con la mayor cantidad de población en la escuela. A ellos les estamos subsidiando para garantizar la educación”, agregó. Esta política se enmarca dentro de un enfoque integral que busca que los estudiantes no se vean obstaculizados por los costos del transporte, un desafío frecuente en provincias más alejadas de los centros urbanos.
