La condena a Cristina Kirchner por fraude en obra pública marca un hito en la política argentina. La Cámara Federal de Casación confirmó la sentencia de seis años, aunque la última palabra la tendrá la Corte Suprema. La causa, que comenzó con una denuncia en 2008, implica su inhabilitación para cargos políticos.
El proceso judicial contra Cristina Fernández de Kirchner, que comenzó hace 16 años con una denuncia de Elisa Carrió, alcanzó un punto culminante con la confirmación de su condena por parte de la Cámara Federal de Casación. La vicepresidenta fue sentenciada a seis años de prisión por defraudación al Estado a través de las obras públicas adjudicadas a empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
La condena implica, además, la inhabilitación para ejercer cargos públicos, aunque la sentencia aún no está firme y puede ser apelada ante la Corte Suprema.
Desarrollo de la causa y el juicio
La denuncia original, presentada en 2008 por Carrió y otros miembros de la Coalición Cívica, apuntaba a la asignación irregular de obras públicas a Báez, un empresario cercano a la familia Kirchner. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la causa se reactivó con una auditoría que reveló un “plan sistemático” para favorecer a las empresas de Báez.
En 2019, el juicio comenzó con la fiscalía presentando pruebas de corrupción y un plan para desviar fondos públicos.
Razones y reacciones ante la sentencia
El Tribunal Oral Federal 2, en diciembre de 2022, condenó a Kirchner por administración fraudulenta, absolviéndola del cargo de asociación ilícita. Durante el proceso, la defensa de Kirchner cuestionó la imparcialidad de los jueces y fiscales, alegando una persecución política.
En 2023, las apelaciones y recusaciones continuaron, y la expectativa por el fallo final de Casación se mantuvo alta. La decisión de confirmar la condena se anuncia en un contexto político tenso, con la posibilidad de que el caso llegue a la Corte Suprema.
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