La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el delito de administración fraudulenta en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez.
Este fallo ratifica la decisión tomada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal en el conocido caso Vialidad, al que se suma ahora la resolución de los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, mientras que el juez Gustavo Hornos votó por añadir el cargo de asociación ilícita, como había solicitado la Fiscalía.
Además de la condena a la ex mandataria, la Casación confirmó las penas de seis años de prisión para Lázaro Báez y el ex secretario de Obras Públicas José López, así como para Nelson Periotti, quien estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad. En cambio, se ratificaron las absoluciones de Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, y Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas. La Cámara también homologó el decomiso de unos 84.000 millones de pesos, el monto calculado del perjuicio a las arcas públicas.
El fallo de Casación, que cuenta con más de 1.600 páginas, detalla una trama de irregularidades en 51 procesos de licitación de obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Durante este período, se demostró que empresas vinculadas a Báez recibieron sistemáticamente las adjudicaciones.
Las maniobras se llevaban a cabo mayormente bajo la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, actuando con facultades delegadas por la Dirección Nacional de Vialidad o directamente a través de esta última. Ex funcionarios, incluidos Periotti y López, habrían validado estas irregularidades y gestionado medidas que favorecieron al empresario. Uno de estos actos fue el Decreto PEN 54/09, firmado por Cristina Kirchner, que permitió a Vialidad Nacional financiar directamente las obras en cuestión.
Este fallo aún puede ser apelado ante la Corte Suprema de Justicia, que deberá resolver la validez de la sentencia. Sin plazos específicos, el máximo tribunal tiene ahora la última palabra sobre el caso Vialidad y la posible ejecución de la pena.
FUENTE: Infobae.