El plenario de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, y de Justicia y Asuntos Penales del Senado, logró esta tarde firmar un dictamen de mayoría para la tan debatida Ley Antimafias. La iniciativa, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, forma parte de la agenda de seguridad del oficialismo y busca desactivar a las grandes bandas de crimen organizado dedicadas al narcotráfico, lavado de activos, extorsión y trata de personas.
La ley fue impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien se inspiró en las normativas de los Estados Unidos y de Italia, especialmente en la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), que se implementó en EE.UU. en 1970.
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Esta legislación fue un pilar en la lucha contra el crimen organizado en ese país, permitiendo la persecución de mafias corruptas a través de sanciones civiles por diversos delitos, como fraudes, lavado de dinero y malversación de fondos. La Ley RICO tiene la capacidad para ir contra toda una organización criminal, sin importar el rol específico de los individuos dentro de ella, castigando de manera igualitaria tanto al jefe de la mafia como a los miembros más bajos de la jerarquía.
En el Senado, el proyecto de ley enfrentó un tenso debate, especialmente al final de la sesión, cuando la radical Carolina Losada (UCR-Santa Fe) y el kirchnerista Oscar Parrilli (Neuquén) protagonizaron un intercambio acalorado de palabras. Losada, presidenta de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, y Parrilli, defensor del kirchnerismo, tuvieron fuertes cruces en los momentos finales del encuentro, destacando la polarización política que se mantiene latente en el Senado.
El proyecto propone un aumento de las penas para los miembros de organizaciones delictivas, con la intención de atacar de manera más eficaz a los grupos mafiosos que operan en diversas actividades ilícitas. La radicalización de las penas se asemeja a lo que propone la legislación italiana, que amplía la criminalización no solo a aquellos que reciben dinero de las mafias, sino también a quienes las favorecen, avalan o las apoyan de manera indirecta, incluso sin recibir compensación financiera.
Con la firma del dictamen, el proyecto se acerca a su aprobación definitiva, lo que representa un avance en la lucha contra el crimen organizado en Argentina. Sin embargo, las tensiones entre los bloques políticos evidencian que la implementación de esta legislación aún podría generar más confrontaciones en el futuro.
La Ley Antimafias, al igual que otras normativas similares en el ámbito internacional, tiene como objetivo no solo desmantelar las estructuras criminales, sino también dar un mensaje claro de que la lucha contra el crimen organizado no distingue entre jerarquías dentro de las organizaciones mafiosas.
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