Adrián Benítez, abogado de Alejandra B. presentó un amparo para que le restituyan el sueldo a la maestra y cuestionó a las autoridades del establecimiento educativo “porque está prohibido dejarle sin ingresos económicos cuando está de licencia médica”.
El letrado confirmó que el establecimiento educativo donde asistía Juanita Sirimarco, sancionó a la docente Alejandra B. “mediante una carta documento absurda y disparatada. La suspendió sin causa justificativa por el período que dura su licencia médica”.
En declaraciones a radio República, Adrián Benítez recordó que “por un tema oncológico, Alejandra presentó la licencia por seis meses y está vigente y la suspensión que decidió el ICRA es sin goce de haberes”.
Adrián Benítez (Radio República)
Según el abogado, “entre los shows de motivos que invoca el ICRA para suspenderla, hablan del desempeño de ella en el viaje de séptimo grado a Carlos Paz. La suspensión abarca lo que dura el periodo de licencia médica sin goce de haberes y una suspensión para que no participe en ninguna cuestión extracurricular”.
Dentro de los argumentos esgrimidos por el ICRA (Instituto Cristiano de la República Argentina), cuestionan el desempeño de la docente que participó del viaje de egresados, al que concurrió la adolescente Juanita Sirimarco, quien, al regresar a Posadas, perdió la vida por un shock séptico. “Se le notifica los hechos por usted cometidos que constan a los propios directivos y surgen acreditados mediante el intercambio de mensajes entre usted y éstos, de falta de una comunicación adecuada y continua por su parte con los directivos y el personal administrativo del Instituto durante la planificación y ejecución de tal viaje…”, dice parte del texto de la carta documento, enviado por los asesores legales del Instituto, a la docente Alejandra B.
Benítez aseguró que “el desempeño que tuvo Alejandra en el viaje fue el mejor de lo que puede brindar un docente”. Agregó que “en el expediente penal no surge nada. Alejandra hasta hoy no fue citada ni a indagatoria, ni como testigo sospechosa. Evidentemente la justicia entiende que no hay elementos para llamarla por ese motivo”.
Admite que “seguramente la van a citar como testigo, pero no más que eso”. Y reiteró que “es totalmente infundada la carta documento, porque no tiene pruebas ni asidero en hechos fácticos”.
“Lo grave es que suspenden a una docente que está con licencia médica, eso está prohibido”, subrayó Benítez. “Si tiene una licencia médica, está con un cuadro de enfermedad que le impide trabajar y si encima le sacan el sueldo, la están matando. De qué va a vivir. Cómo va a comprar los remedios y cómo va a continuar el tratamiento médico”, añadió.
Para estos casos, “la ley prevé que, si uno está bajo licencia médica, no le pueden sancionar quitándole el sueldo”. En ese marco, Benítez entiende que “hay una doble arbitrariedad. Por un lado, la carta documento es infundada y absurda porque no tiene ningún sustento jurídico. Y por otro, ocurre una sanción prohibida”.
“El ICRA fue muy mal asesorado”, sentenció.
Reacción
Tras recibir la carta documento enviada por el ICRA que suspende a la docente Alejandra, el abogado adelantó que analizan una denuncia “porque entendemos que hay una situación de discriminación por enfermedad. Todo el año pasado Alejandra estuvo con licencia médica, que fue cuando se contrató el viaje a Carlos Paz. Fue el año que se decidió viajar, con qué empresa ir, que día ir y todos los detalles que figuran en el contrato con fecha 2023 y en esos momentos Alejandra estuvo al margen, porque se había operado”.
Insistió en que “evidentemente hay una discriminación por su enfermedad y estamos analizando las demás actitudes, que podrían encuadrarse en una discriminación religiosa”.
“Hay una cuestión de fondo porque Alejandra es religiosa y el ICRA no está de acuerdo con su formación católica”, aseveró Adrián Benítez.
Con relación al sueldo de la docente, “vamos a pedir un amparo. Ya despachamos una carta documento contestando al ICRA con copia al SPEPM y pediremos a la justica que se le reincorpore el sueldo”.
“La Constitución garantiza que, si está con licencia médica, tiene derecho a cobrar en su trabajo. Un juez le tiene que restituir el sueldo y otro juez laboral va a analizar si estamos frente a una discriminación religiosa, por su enfermedad y analizaremos una acción por daños y perjuicios, porque la calumnia e injuria que figura en el texto de la carta documento, daña el buen nombre, la imagen e inclusive la salud de Alejandra”, detalló el abogado.
La causa penal la lleva adelante el juez Ricardo Balor, “y en el expediente, no hay pruebas en contra de mi defendida. Nosotros nos presentamos de manera voluntaria, ofrecimos pruebas y adjuntamos el teléfono de Alejandra con el chat completo de las conversaciones con la madre de Juanita, con el encargado de Viaturex y con los médicos”, recordó Benítez.
“La docente hizo un trabajo espectacular dentro de su ámbito. Uno no le puede pedir a una maestra que determine un cuadro médico. No está capacitada para eso, no es su función, pero si está obligada a seguir lo que le dice un médico”, manifestó.
“Si el médico le dice que tiene que seguir viaje la nena hasta su ciudad de origen, donde tienen un centro médico como el hospital Madariaga que es uno de los mejores de la región, lo tiene que hacer”, agregó.
Para Adrián Benítez, “lo de Juanita fue una desgracia fatal, fue algo increíble y se dio por una sucesión de hechos. No un sólo hecho, no fue una sola cuestión”.
“Desde el momento en que la niña se cae un parque de agua en Carlos Paz y le atienden, la llevan a un centro asistencial, desde allí en adelante ella estuvo atendida. Nunca hubo una falta de atención”, aclaró.
“Cuando Juanita llega a Posadas, media hora después le busca la ambulancia. Media hora estuvieron esperando en Fátima y cuando llega al hospital, la enfermera no advierte que está frente a un cuadro tan grave como para ponerle suero, oxígeno o para un tratamiento más complejo”, repasó.
La menor en cuestión, Juanita Sirimarco, regresó del viaje de egresados a Posadas el pasado 8 de octubre con un malestar que obligó a sus padres, a trasladarla al Hospital. Tras cuatro días internada, falleció el 12 de octubre debido a un shock séptico. La justicia tomó intervención e investiga la cadena de responsabilidades que desencadenaron en el triste desenlace.