Misiones atraviesa un momento crucial. Tres temas, distintos en su naturaleza, pero similares en su impacto, han capturado la atención pública: el escándalo en torno al diputado Germán Kiczka, el uso del glifosato en la producción tabacalera, y el posible veto al aumento de jubilaciones. Estos temas exponen no solo las tensiones políticas, sino también el choque entre intereses económicos y derechos fundamentales.
Kiczka y el desafío de la integridad institucional
El caso del diputado Kiczka, acusado de pedofilia, sacudió los cimientos de la política misionera. Que la Cámara de Representantes haya rechazado su renuncia y aprobado su desafuero por unanimidad es un acto que debe ser reconocido. Es un mensaje claro: la inmunidad parlamentaria no debe ser un escudo para la impunidad. Pero más allá del procedimiento impecable, queda un sabor amargo en la sociedad. El impacto emocional es profundo, y la fuerza política de Kiczka enfrenta un golpe difícil de reparar. Misiones debe aprender de este episodio, consolidando una política más ética y transparente.
En otro frente, el veto al aumento de jubilaciones plantea una pregunta esencial: ¿cuánto vale la vida de nuestros mayores? En un país donde la inflación golpea sin tregua, este incremento, aunque modesto, representa un alivio mínimo pero necesario. Calificarlo de “cruel” no es una exageración. Es inaceptable que un Gobierno que beneficia a grandes corporaciones recorte beneficios a los sectores más vulnerables.
Este tipo de decisiones no solo afectan la economía de los jubilados, sino que envían un mensaje desolador: en el juego del poder, quienes menos tienen siempre pierden.
Glifosato: el veneno del campo
En otros planos, el glifosato sigue generando debates acalorados. La reciente ley en Misiones, que busca limitar su uso y promover bioinsumos, es un paso valiente hacia un modelo de desarrollo más sostenible. Sin embargo, la resistencia es feroz. Bayer-Monsanto no ha escatimado en presiones para defender sus intereses. Recordemos que esta multinacional ya ha sido obligada a pagar indemnizaciones millonarias por daños a la salud en otras latitudes. Entonces, ¿por qué aquí seguimos permitiendo su uso indiscriminado? La respuesta es clara: el poder del lobby económico, que privilegia el negocio sobre la vida.
Los bioinsumos no son una utopía; son una necesidad. El futuro de nuestra salud y el medio ambiente depende de decisiones políticas que prioricen el bienestar colectivo por encima de los intereses de unos pocos.
A pesar de múltiples fallos judiciales en su contra, la compañía continúa ejerciendo presión para evitar la adopción de bioinsumos, alternativas más sostenibles al glifosato.
La nueva normativa en Misiones, que establece un plazo para dejar de utilizar glifosato y promueve la investigación en bioinsumos, ha sido vista como una amenaza por la multinacional. Este avance busca incentivar el desarrollo tecnológico local y reducir la dependencia de químicos que han sido vinculados a problemas de salud y ambientales. Sin embargo, el poderoso brazo económico de Bayer-Monsanto no se queda de brazos cruzados y sigue influyendo en el ámbito político.
A nivel internacional, la polémica en torno a Monsanto se intensifica con revelaciones sobre su influencia en la guerra de Ucrania. Fuentes como Robert Kennedy y diputados alemanes han denunciado que la multinacional, junto con otros gigantes corporativos, ha adquirido vastas extensiones de tierras fértiles ucranianas en medio del conflicto. Este movimiento es visto como parte de una estrategia más amplia de control económico y geopolítico, en detrimento de la soberanía alimentaria y el bienestar de la población ucraniana.
