La Justicia Federal y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmaron este viernes el hallazgo de una adolescente de 15 años, desaparecida desde el 28 de octubre en Santo Tomé, Santa Fe.
La menor fue encontrada en Posadas, Misiones, tras una exhaustiva investigación que involucró intervenciones telefónicas, inteligencia y la colaboración de diversas fuerzas de seguridad.
El caso inició cuando la madre de la joven presentó una denuncia en el MPA, lo que activó un pedido de paradero. La Fiscalía asignó el expediente al fiscal Roberto Olcese y a la fiscal María Laura Urquiza, quienes comenzaron a indagar con base en la denuncia que señalaba a una familia gitana como responsable de la sustracción de la menor.
La pesquisa avanzó con intervenciones telefónicas y escuchas realizadas en un idioma gitano, lo que permitió a los investigadores trazar la ubicación de los sospechosos. Utilizando tecnología de geolocalización, se determinó que la adolescente y la familia señalada se encontraban en Posadas.
Un equipo especializado de Trata de Personas viajó a Misiones para realizar tareas de inteligencia, sumándose al operativo efectivos de Gendarmería Nacional. Simultáneamente, se llevaron a cabo diligencias en la provincia de Corrientes para ampliar el cerco investigativo.
Con la confirmación del paradero, los fiscales solicitaron al juez José Luis García Troiano trasladar la causa al ámbito federal. Posteriormente, los fiscales federales Walter Rodríguez y Milagros Traverso ordenaron tres allanamientos en Posadas.
Durante estos procedimientos, coordinados con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y el Programa Nacional de Rescate, se logró recuperar a la adolescente.
Según el comunicado oficial, los allanamientos buscaban “cesar los efectos del delito” y garantizar la integridad física de la víctima, quien habría estado en situación de privación ilegal de la libertad.
La menor recibió atención inmediata por parte de la Subsecretaría del Niño, Niña y Adolescente de Misiones y el Ministerio de Desarrollo Social.
La investigación involucró la coordinación entre múltiples organismos, incluyendo la PROTEX, Gendarmería Nacional y el Programa Nacional de Rescate, además del Ministerio Público Fiscal y la Justicia Federal. “El trabajo articulado permitió actuar con celeridad y resolver el caso en pocos días”, destacaron los fiscales Olcese y Urquiza.
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