El Gobierno nacional busca avanzar con el presupuesto de 2025 en medio de tensiones con la oposición y demandas de los gobernadores. En la Cámara de Diputados se realizará una nueva reunión informativa, aunque aún no se fijó fecha ni cronograma para debatir la propuesta en el recinto. Se espera que haya entre tres y cuatro dictámenes. La Libertad Avanza, con el apoyo de sus aliados, intentará obtener uno propio.
El diputado José Luis Espert, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda; Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; y varios gobernadores están trabajando en las propuestas. El bloque Encuentro Federal, liderado por Miguel Pichetto, busca un dictamen propio que aumente los fondos para jubilaciones y educación universitaria, y pide la eliminación del artículo que suspende la obligación de invertir el 6% del PBI en educación. Este reclamo también fue planteado por el radical Rodrigo de Loredo.
Por su parte, Unión por la Patria (UxP) y el Frente de Izquierda también planean presentar dictámenes de rechazo.
El senador libertario Bartolomé Abdala aseguró que “esta ley de presupuesto de 75 artículos tiene en su primer artículo el valor de generar un presupuesto con equilibrio fiscal, sin déficit y estableciendo que aquel dinero que exceda las metas deberá tener la razonabilidad en el uso”.
Y completó: “Estamos atentos a las sesiones en Diputados, participamos, escuchamos y creo que vamos a tener un resultado favorable en cuanto a la sanción en Diputados. Trabajaremos arduamente en el Senado, donde también buscaremos los votos necesarios para darle un presupuesto al Gobierno, que realmente lo necesita para tener previsibilidad, una buena imagen y fortaleza a nivel internacional. Además, será la primera vez que tengamos un presupuesto con el real compromiso de que no se va a gastar más de lo que entre”.
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El Ministerio de Economía mantuvo reuniones con sectores dialoguistas del Congreso, entre ellos la UCR, liderada por Eduardo Vischi, y el bloque Provincias Unidas, presidido por Carlos Camau Espínola, con participación de senadores con conexiones en provincias como Córdoba, Chubut y Neuquén.
En cuanto a los fondos públicos, los gobernadores solicitaron ajustes en la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La ley 23.548 de 1988 establece que el 1% de la recaudación se destine al fondo ATN, el cual actualmente está gestionado por la jefatura de Gabinete. Desde la oposición señalan que “las transferencias a las provincias por el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional son casi cero”.
También hay cuestionamientos respecto a las asignaciones específicas del impuesto a los combustibles, ya que la oposición entiende que los fondos destinados a transporte y obras públicas disminuyeron. Otro tema en debate es el financiamiento de la agencia ARCA, que reemplazó a la AFIP tras ser disuelta por el presidente Javier Milei. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, posteó recientemente: “A Mendoza, y a todas las provincias, la AFIP les retiene el 1,9% de los impuestos coparticipables para gastos de funcionamiento”.
A su vez, los senadores de Mendoza, Mariana Juri y Rodolfo Suárez, presentaron un proyecto para que el Gobierno devuelva el 1,9% de los impuestos coparticipables que utilizaba la AFIP para financiarse. La iniciativa propone que estos recursos sean distribuidos entre las provincias, subrayando que solo en 2023, la AFIP retuvo 643 mil millones de pesos, equivalentes al 0,34% del PBI.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024