Florencia Collinet, abogada especialista en derecho de familia, analizó un reciente fallo judicial en Córdoba, Argentina, que reavivó el debate sobre los derechos en torno a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y la identidad en casos de adopción.
La situación involucra a una niña menor de 12 años, embarazada tras un abuso sexual, y cuya vida corría riesgo según informes médicos en caso de practicarse la ILE.
La legislación actual en Argentina, establecida en la Ley 27.610 desde enero de 2021, permite la ILE en casos de violación o riesgo de vida para la madre.
Collinet detalló que, aunque se cumplen los requisitos legales para autorizar la interrupción, los médicos determinaron que realizar un aborto a esa altura del embarazo era peligroso para la salud de la menor.
“Si bien su señoría tiene la decisión en sus manos, nosotros nos tenemos que valer de los profesionales de la salud, en este caso, que son los que saben del tema” explicó la abogada.
La jueza, basándose en este consejo médico, decidió rechazar la ILE, priorizando la vida de la menor y abriendo la posibilidad de que el bebé fuera entregado en adopción al nacer.
Collinet recordó que decisiones similares ya ocurrieron con anterioridad en el país. Un ejemplo es un reciente fallo en Paso de los Libres del año pasado, donde otro bebé fue dado en adopción antes de nacer.
Sin embargo, en este caso particular, surgió un conflicto en torno al derecho a la identidad del niño. La jueza propuso que, para proteger la privacidad de la menor, el bebé fuera registrado con un apellido común, sin relación con su madre biológica, a través de un acta alternativa de nacimiento.
Esta medida fue impugnada por el fiscal de la causa, quien argumentó que el derecho a la identidad de todos los niños debía respetarse, independientemente de las circunstancias.
“El fiscal apela por los derechos de identidad. Por los derechos del niño. Porque todos tenemos derecho a conocer nuestros orígenes”, afirmó Collinet.
La Cámara, al revisar el caso, rechazó la propuesta de la jueza y sostuvo que “no pueden hacer una cadena de actas de nacimiento” para modificar los datos filiatorios de un niño y eludir su derecho a la identidad, según dijo la abogada.
La Cámara destacó que, más allá de la complejidad del caso, la identidad de cada persona debía preservarse, sin excepciones.
“El bebé tiene a su mamá. Nos guste o no nos guste como haya pasado, como haya sucedido, el bebé tiene datos filiatorios”, explicó Collinet.
Collinet agregó que, en el contexto de la nueva legislación civil argentina, todas las personas adoptadas tienen derecho a conocer sus orígenes biológicos.
En el marco del nuevo Código Civil, cualquier persona adoptada tiene derecho a acceder a su expediente para conocer su origen biológico, una política implementada tras años de tráfico de bebés y apropiación de niños en el país durante la última dictadura cívico-militar, dijo.
“Vos te vas al registro de las personas y en el registro de las personas tiene establecido números de expediente, juzgado, lugar de origen. Una vez que se presenta puede ver su expediente y conocer sus orígenes”, explicó.
Finalmente, la abogada reflexionó sobre la necesidad de acciones concretas en favor de los niños y niñas en el país, y mencionó la importancia de que esta protección vaya más allá de las leyes escritas.
Existe una propuesta para que el 2025 sea declarado el “Año de la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes”. Sobre esto, Collinet espera “que no sea sólo un slogan”.
Expresó su esperanza de que esta iniciativa no se limite a intenciones, sino que involucre un esfuerzo real por mejorar la situación de los menores.
“Que vayan y visiten cada hogar de niños donde están los niños, que vean hace cuánto tiempo que están intentando ser declarados para adoptabilidad. Que controlen las escuelas primarias también”, sugirió.
