Eugenio Samudio – Santa María de las Misiones
Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, los medicamentos más utilizados por los adultos mayores experimentaron un fuerte aumento en sus precios. La situación es agravada aún más por la inflación y el rechazo de la nueva ley de movilidad jubilatoria, que, a pesar de ser aprobada por el Congreso, fue vetada más tarde por Milei.
Ahora, los adultos mayores se ven obligados a tomar medidas cada vez más drásticas, según explicó Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Samudio brindó un panorama sobre el impacto del aumento de los medicamentos, la inflación y un sistema de salud que considera cada vez más ineficaz. “El jubilado tiene que optar todos los días entre comer o comprar el medicamento”, dijo.
Semino explicó que los medicamentos, cuyo precio aumentó un 180% en lo que va del año, dejaron de estar al alcance de muchos jubilados. “La jubilación se reajustó en un 140%, pero sin los bonos adicionales, el incremento real fue del 110%, mientras que la inflación general fue del 211% y los medicamentos subieron un 300%”, dijo. Según él, esta situación empuja a los adultos mayores a restringir el uso de medicinas, un escenario que él y otros especialistas ven reflejado a diario.
“Tenemos entre 300 y 400 casos por día de personas que nos cuentan que han dejado de tomar la medicación que les recetaron”, denunció Semino, y agregó que en muchos casos los jubilados intentan sobrellevar patologías graves como la hipertensión sin la medicación adecuada. “La hipertensión no da síntomas. El primer síntoma en muchos casos es el último, un infarto o un accidente cerebrovascular”, advirtió.
Además, expresó que la situación se volvió tan extrema que algunos jubilados recurren a estrategias desesperadas, como reducir la dosis o tomar los medicamentos sólo cuando pueden pagarlos, lo que hace que los tratamientos sean ineficaces. “Voy una vez por semana a tres hospitales donde trabajé, y mis colegas me juntan muestras médicas para repartir entre quienes no pueden comprarlas”, explicó el especialista. “Esto solo ayuda a un grupo muy pequeño, pero es un reflejo de la realidad a nivel general”.
Aparte del acceso a los medicamentos, Semino explicó que el problema también está vinculado al sistema político y económico defendido por el Gobierno nacional. Mes tras mes, el Gobierno logra llegar a un superávit fiscal que, según Semino, es logrado a costa de la calidad de vida de muchos, incluyendo los jubilados, cuya grave situación se decidió ignorar, dijo. “El oficialismo sigue ajustándose sobre este sector. El superávit que muestran mensualmente lo pagan los jubilados con su vida”, afirmó. “Es una decisión política”.
Además, la situación económica que afecta a los adultos mayores es aún más grave cuando se toma en cuenta el costo de vida. Según los datos proporcionados por Semino, el gasto mínimo para una persona jubilada en Argentina alcanza los 912 mil pesos mensuales, mientras que muchos cobran apenas 320 mil pesos, lo que deja un margen insostenible para cubrir necesidades básicas como alimentación y vivienda. El defensor de la tercera edad fue más allá al calificar lo que está ocurriendo como una crisis humanitaria. “Lo hemos denunciado públicamente desde hace dos años, pero no ha habido ningún tipo de repercusión desde el punto de vista académico o de atención a la gente”, expresó.
Según indicó, la situación se agravó por el fracaso de la nueva ley de movilidad jubilatoria, que fue aprobada por el Congreso pero vetada por Milei. “Lo que vimos es que el mismo día que el presidente vetó en forma absurda, grotesca y brutal la pequeña ley de movilidad que se había sancionado”, explicó el doctor, “se conoció una resolución del PAMI limitando descuentos entre un 20% a un 30% del total de los descuentos, con una explicación alambicada que nadie entiende”.
Finalmente, Semino se refirió al reciente anuncio del Gobierno de obligar a 10 mil trabajadores públicos a jubilarse. La iniciativa, anunciada este miércoles por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, manda a que los empleados de la administración pública nacional que cumplan con los requisitos para jubilarse inicien sus trámites en un plazo máximo de 30 días. Ante esto, Semino describió la jubilación en Argentina como un “rifle sanitario”.
“Mientras en otras partes del mundo las personas esperan con ansias la jubilación, aquí es un castigo, ya que la tasa de sustitución es del 50% en el mejor de los casos”, explicó. “Es decir, si usted está cobrando $100 en actividad, el primer haber jubilatorio va a ser $50, por lo cual a los 3 ó 4 meses de quedarse jubilado se comió los pocos ahorros que tenía, y de ahí en más va cayendo su estándar de vida vertiginosamente”.
