Federico Cristaldo, abogado e integrante de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, compartió su visión sobre el programa “Manos a la Obra”, una iniciativa impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El programa busca reforzar el trabajo en las unidades penitenciarias como parte del proceso de reinserción social de las personas privadas de su libertad. Cristaldo explicó cómo el trabajo dentro de las cárceles no es una idea nueva, pero que la propuesta actual podría ofrecer un marco más amplio para su implementación efectiva.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el programa “Manos a la Obra”, con el objetivo de que todos los detenidos participen en tareas laborales para mantener en condiciones las cárceles donde cumplen sus condenas. La propuesta apunta a que el trabajo dentro de las unidades penitenciarias sea una actividad obligatoria y estructurada, abarcando labores como el mantenimiento, limpieza y otros servicios básicos dentro de los establecimientos carcelarios.
La Comisión, que Cristaldo integra desde el pasado 1° de octubre, se encarga de controlar que en los espacios de privación de libertad “no se estén realizando actos de tortura o maltrato físico, psicológico” y que se cumplan con estándares mínimos de cuidado, según dijo el abogado.
Sobre la constitucionalidad del programa “Manos a la Obra”, Cristaldo explicó que el trabajo en las cárceles está reglamentado tanto por la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad de la Nación como por las leyes provinciales, y que la Constitución Nacional establece un marco referencial. “Las cárceles deben ser sanas y limpias, no para el castigo, sino para la inserción”, manifestó Cristaldo. En este sentido, el programa buscaría brindar más oportunidades a los internos para trabajar y capacitarse, con la intención de facilitar su reinserción.
“El trabajo en las unidades penitenciarias no es algo nuevo”, señaló Cristaldo. Sin embargo, destacó que el programa podría abrir nuevas oportunidades. “Hay que ver cómo se implementa”, afirmó. “Si le quieren dar un marco más amplio, que otros empleadores puedan encontrar fuentes de posibles empleados dentro del sistema penitenciario”.
La iniciativa de Bullrich, según señaló, pretende elevar el porcentaje de internos que participan en actividades laborales. “Hoy en el sistema penitenciario federal más o menos hay un 23% de capacidad de trabajo utilizado, y ellos quieren elevarlo a un 70%”, dijo.
Sin embargo, advirtió que el acceso al trabajo dentro de las cárceles no es universal. “No es de manera estricta porque para acceder a esta posibilidad laboral hay que estar dentro de una determinada fase de la ejecución de la condena”, explicó Cristaldo. Además, hay limitaciones estructurales y de cupo que restringen la posibilidad de que todos los internos puedan trabajar. No obstante, destacó que algunos sistemas alternativos podrían resultar favorables. “Hay intenciones de llevar adelante es el cooperativismo en las unidades penitenciarias, pero esto requiere un gran compromiso también por parte de la familia de la persona que está privada de su libertad”, reflexionó.
Uno de los temas más discutidos fue la remuneración que los internos recibirían por su trabajo. Cristaldo aclaró que la ley establece un monto claro. “Siempre la remuneración va a estar acorde a un porcentaje del salario mínimo, pero depende de la actividad”, explicó. Esta retribución, conocida como peculio, tiene varios destinos. “Un porcentaje va destinado a indemnizar los daños y perjuicios causados por los delitos, otro a la manutención del establecimiento, y un remanente queda para el interno”, detalló.
Además, destacó la importancia del trabajo como un factor de dignificación y rehabilitación para los reclusos. “Yo lo pensaría como una buena práctica carcelaria, en el sentido de que el trabajo dignifica”, dijo. “La intención o el norte de la privación de libertad es que esa persona, al momento de salir, pueda reinsertarse en una sociedad y que, habiendo transitado ya sea un estudio o un trabajo dentro de ese periodo, pueda tener más oportunidades”.
A pesar del enfoque positivo que presentó sobre el programa, Cristaldo fue cauteloso sobre su implementación. Aún es necesario definir cómo se aplicaría en la práctica y qué mecanismos se establecerían para garantizar que no derive en una forma de trabajo forzoso, dijo. “En ese sentido sí estaríamos violando todo tipo de normativa internacional y constitucional”, advirtió. También señaló que cualquier forma de trabajo penitenciario debe respetar los derechos laborales básicos.
En cuanto a las sanciones por no participar en el programa de trabajo, Cristaldo explicó que las calificaciones de conducta de los internos juegan un papel clave en su régimen de detención. “Si alguien se niega a trabajar, podrían bajar la conducta o recibir notas negativas”, explicó, lo que afectaría su posibilidad de acceder a beneficios como la libertad condicional o las salidas transitorias.
Otro tema relevante abordado por el especialista fue la posibilidad de seguimiento a los internos que salen en libertad. Aunque reconoció que no tiene datos concretos sobre las tasas de reinserción laboral, Cristaldo afirmó que sería interesante contar con estas estadísticas para mejorar el diseño de políticas públicas. “Trabajar o llevar una estadística de las personas que han salido del régimen y que se han podido reinsertar nos va a indicar si las cosas se están haciendo bien o si hay cosas para mejorar”, afirmó.
Finalmente, Cristaldo remarcó que la Comisión de Prevención de la Tortura sigue de cerca las condiciones en las que viven los internos, y tiene mecanismos para recibir denuncias de abusos o maltratos, tanto a través de visitas de control como mediante líneas de denuncia por teléfono o correo electrónico. Las personas privadas de su libertad que estén interesadas en contactarse con la Comisión podrán hacerlo por terceros o bien en las franjas horarias que las cárceles destinan al uso de dispositivos electrónicos, como celulares. “Nuestra principal herramienta para recepcionar denuncias es ir a los lugares de restricción de libertad y escuchar a las personas, lógicamente, de manera confidencial”, explicó.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
