Florencia Collinet, abogada especialista en derecho de familia, expresó su rechazo a un proyecto de ley que busca permitir el divorcio administrativo sin intervención judicial. La abogada señaló que esta medida, aunque pretende facilitar el proceso y reducir costos, presenta graves errores. “Tiene una serie de requisitos y una serie de falencias y lagunas por las cuales no es viable y, hasta te diría, inconstitucional”, dijo.
El proyecto en cuestión propone que, bajo ciertos requisitos, una pareja pueda solicitar el divorcio directamente en el registro civil, sin la necesidad de acudir a la justicia. Entre esos requisitos, se estipula que la disolución del matrimonio debe ser de común acuerdo, sin hijos ni bienes compartidos, y sin reclamos de pensión alimentaria o compensación económica.
Sin embargo, Collinet advirtió que esto implica renunciar a derechos fundamentales. “Uno de los requisitos es que no haya una pretensión alimentaria y que no haya compensación económica entre cónyuges, y esta renuncia debe constar de manera expresa y manifiesta”, dijo. “¿Vos vas a renunciar de manera expresa y manifiesta de forma inequívoca a un derecho humano? Imposible».
Además, Collinet señaló que el proyecto afecta no solo a los abogados, sino también a los justiciables, es decir, las personas que necesitan de la protección jurídica. “Lo que se está haciendo es que la gente pierda derechos importantes y fundamentales”, subrayó, aludiendo a que muchos ciudadanos podrían quedar desinformados o ser manipulados en el proceso, especialmente en situaciones de violencia psicológica o económica.
Uno de los principales problemas que destacó es la falta de garantías en un proceso llevado a cabo por empleados administrativos, que, según ella, no están capacitados para evaluar cuestiones complejas de derecho de familia. “En un registro de las personas los empleados no son abogados, son empleados administrativos. No están formados, no tienen incorporado el vocabulario técnico-jurídico, no tienen incorporado tampoco el Código Civil”, expresó.
Asimismo, señaló que los plazos y procedimientos que establece el proyecto pueden generar problemas legales a futuro. En particular, mencionó el riesgo de que una persona no sea consciente de sus derechos o plazos, lo que podría perjudicarla gravemente. “Nosotros tenemos seis meses para solicitar una compensación económica”, advirtió, “y no todo el mundo sabe, la gente no sabe, porque obviamente la gente no tiene por qué saber de derecho”.
Collinet también relacionó este proyecto con otros intentos legislativos que, según su opinión, buscan desviar la atención pública. “Es una distracción,” opinó. “También nos van sacando terreno a los abogados y también van cercenando derechos a la gente”.
La abogada cerró su crítica recordando que ya existe un procedimiento de divorcio relativamente ágil, el popularmente conocido como “divorcio exprés”, que fue introducido en 2015 y que funciona dentro de un marco legal que, según la especialista, respeta los derechos de todas las partes. “En tres meses ya tenés un divorcio hecho”, señaló.