El Gobierno nacional presentó un proyecto de ley para permitir el divorcio de común acuerdo en un acto administrativo ante el Registro Civil, evitando la intervención judicial.
Esta iniciativa, junto con una ley de modernización judicial, busca agilizar trámites y reducir costos. El Ministro de Desregularización, Federico Sturzenegger, presentó la «Ley Hojarasca», que incluye modificaciones al Código Civil y Comercial.
Divorcio exprés: una opción más rápida y económica
El nuevo proyecto de divorcio añade una opción administrativa a las causas de disolución matrimonial, equiparándola a la judicial. El artículo 1 del proyecto modifica el artículo 435 del Código Civil y Comercial. Además, se actualiza el artículo 437 para permitir que el divorcio administrativo sea solicitado exclusivamente por ambos cónyuges ante el Registro Civil. El objetivo es facilitar el proceso, disminuyendo los tiempos y costos asociados al trámite judicial. También se modifica el artículo 51 de la Ley 26.413, para incluir el registro de divorcios administrativos en los libros de matrimonio, junto con otras situaciones especiales.
La «Ley de Modernización, digitalización y desburocratización de la Justicia» busca simplificar los procedimientos judiciales. Uno de los cambios más significativos es la eliminación de la obligatoriedad de publicar edictos en diarios, limitando su publicación al Boletín Oficial. También se modifica la manera en que se gestionan los fondos judiciales, permitiendo transferencias en lugar de extracciones y abriendo el juego a más entidades financieras para depósitos judiciales. Se propone que los bienes incautados puedan depositarse en cualquier entidad financiera donde el Estado tenga acciones, no sólo en el Banco Nación o el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Esto incluye bancos provinciales y privados donde el Estado posee participación accionaria.
La nueva ley de divorcio busca simplificar el proceso mediante un trámite administrativo, mientras que la modernización judicial promete agilizar y digitalizar procedimientos. Estos cambios impactarían en la eficiencia y costos del sistema judicial.
FUENTE: Infobae.
