La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, han intensificado los operativos para frenar la ocupación ilegal de tierras y plantaciones de caña de azúcar en la frontera con Bolivia. La Gendarmería ya inspeccionó la zona, mientras las denuncias involucran a un ciudadano boliviano que lidera estas actividades ilícitas.
Las autoridades argentinas, lideradas por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, han intensificado los operativos para frenar la ocupación ilegal de tierras y plantaciones de caña de azúcar en la frontera con Bolivia.
La controversia se generó tras una denuncia de supuesta invasión en la frontera entre Argentina y Bolivia y debido a la ocupación ilegal de tierras y la plantación de caña de azúcar en el curso del río Tarija, que separa ambos países, pobladores aseguran vivir amenazados y con graves conflictos.
En declaraciones recientes, Bullrich afirmó: «No vamos a permitir que extranjeros ocupen territorio argentino ilegalmente. Incautaremos las plantaciones ilegales, expulsaremos a los invasores y bloquearemos el ingreso de quienes no tengan residencia».
Asimismo, informó que la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) ya ha realizado inspecciones en la zona tras recibir una denuncia, utilizando GPS para delimitar el área afectada. Con la causa ya judicializada, las autoridades avanzan en las investigaciones y prometen nuevas actualizaciones para este domingo.
La denuncia, publicada inicialmente por el diario El Tribuno, involucra a un ciudadano boliviano, identificado como Horacio Cruz, quien supuestamente habría invadido 2.500 hectáreas de plantaciones de caña de azúcar en territorio argentino.
Cruz, conocido en la región por su historial de ocupación ilegal y presuntas amenazas a comunidades locales, se presenta como propietario de una supuesta isla denominada «Valle Dorado», cuya existencia ha sido desmentida por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Bolivia.
La zona afectada, conocida como la banda del río Grande de Tarija, es de difícil acceso para las comunidades locales argentinas, incluyendo pueblos originarios, docentes y productores agrícolas. El acceso a esta área aislada se realiza a través de rutas complicadas que cruzan los ríos Bermejo y Grande de Tarija.
Los conflictos territoriales en esta región no son nuevos. Desde 1994, productores cañeros bolivianos han ocupado tierras en el departamento San Martín, en Salta, con una compleja red de ocupaciones y desmontes ilegales que involucran también problemas de contrabando, evasión fiscal y trata infantil.
Según las cédulas parcelarias de la Dirección General de Inmuebles, todos los catastros que productores cañeros de Bermejo empezaron a tomar por asalto en 1994 se corresponden con la jurisdicción territorial del departamento San Martín: El Trementinal (matrícula 155), Chuschal (78), Polvareda (1827), Porcelana (1826), Aujoncito (451), Algarrobito (996), San Telmo (139) y Churqui (1228). A esos inmuebles rurales hay que sumar dos lotes de Baúles (matrículas 1011 y 454), el catastro de Media Luna (ex-1945 y que ahora tiene doble dominio) y tres lotes de Volcán (matrículas 15073, 15074 y 15075).
Si bien el borde fronterizo del río Grande de Tarija brilla por una casi completa ausencia del Estado, no menos preocupante es la porosidad de los flancos limítrofes de los municipios de Aguaray y Salvador Mazza, que tienen más pasos ilegales que efectivos de Gendarmería.
Virginia Cornejo, directora nacional de Fronteras, se refirió a la situación afirmando que el Gobierno está trabajando para recuperar el control de la región. “Debido a la geografía cambiante y el abandono prolongado, la zona requiere una intervención integral de las fuerzas de seguridad», indicó.
Cornejo enfatizó que la prioridad es garantizar el acceso de la Gendarmería a las tierras ocupadas y la erradicación de plantaciones irregulares, destacando que «el que las hace, las paga», en referencia a las acciones ilegales en la frontera.
Cornejo también mencionó que, además de las plantaciones ilegales de caña, se están abordando otros problemas como el contrabando de material ferroviario, que afecta la economía local. «No aflojaremos hasta lograr nuestros objetivos», aseguró, haciendo alusión a la destitución de funcionarios y jueces implicados en estos actos ilegales.
Las autoridades locales y federales continuarán con los operativos para frenar las ocupaciones ilegales en la frontera y restablecer el orden en esta conflictiva región.
