El Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2025 asigna al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos un monto de $9.090.909.091, y al Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos, $909.090.909. Aunque estas cifras parecen significativas, en realidad corresponden a solo el 2,5% del monto que debería destinarse si se cumpliera con lo estipulado por la ley.
Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre, explicó la situación: “Según el ordenamiento territorial de bosques nativos, Argentina cuenta con más de 53 millones de hectáreas de bosques que no pueden cuidarse con un presupuesto de 9.090 millones de pesos al año. En particular, Misiones, con 1.612.558 hectáreas de bosques categorizados, recibiría apenas $290.909.091, cuando debería obtener más de $11 mil millones para proteger sus recursos forestales”. Según estos cálculos, la provincia recibiría solo 15 pesos por hectárea de bosque al mes, lo que dificulta enormemente las tareas de conservación.
La Ley de Bosques, en su artículo 31, establece que el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos debe recibir al menos el 0,3% del presupuesto nacional. Para 2025, este porcentaje debería representar una partida de $352.664.245.606, muy por encima de los 9 mil millones de pesos asignados en el presupuesto actual. Además, el fondo debería contar con el 2% de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y forestales, otro recurso que tampoco se ha garantizado en su totalidad.
Un problema persistente: la falta de financiación
Desde su sanción en 2007, la Ley de Bosques enfrentó una constante falta de financiamiento. Aunque se logró avances importantes en la reducción de la deforestación, especialmente en los primeros años de su implementación, el ritmo de pérdida de los bosques nativos volvió a aumentar desde 2019. Muchas de las áreas que fueron deforestadas ilegalmente o que sufrieron incendios forestales no fueron restauradas, lo que constituye una violación de la ley. La falta de recursos suficientes impide que las autoridades locales puedan realizar un monitoreo adecuado, y la ausencia de un registro nacional de infractores hace aún más difícil aplicar sanciones a los responsables de la deforestación ilegal.
Jaramillo subrayó que la situación actual pone en riesgo no solo la biodiversidad del país, sino también la vida de las comunidades locales que dependen de los bosques para su sustento. “Sin un estímulo financiero adecuado, las provincias no tienen la capacidad para llevar a cabo tareas de control y fiscalización. Además, los propietarios de tierras con bosques nativos no reciben incentivos para promover el uso sustentable de sus recursos, lo que los lleva a optar por actividades más rentables a corto plazo, como la agriculturaintensiva y la ganadería”, explicó.
Los bosques nativos de Argentina no solo son cruciales para la conservación de la biodiversidad, sino que también brindan una serie de servicios ecosistémicos esenciales que benefician directamente a la población. Estos ecosistemas juegan un papel fundamental en la regulación hídrica, la mitigación del cambio climático y la prevención de desastres naturales, como inundaciones y deslizamientos de tierra. Además, son el hogar de miles de especies animales y vegetales, muchas de ellas en peligro de extinción.
Los bosques también sirven como una barrera natural contra la propagación de enfermedades zoonóticas, al actuar como amortiguadores entre los seres humanos y los patógenos presentes en la vida silvestre. La destrucción de estos ecosistemas aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades como el dengue, el zika y el COVID-19, lo que subraya la importancia de su conservación no solo desde un punto de vista ambiental, sino también de salud pública.
Desafíos en la implementación de la Ley de Bosques
Desde la sanción de la Ley de Bosques, uno de los principales obstáculos fue la falta de voluntad política para asignar los fondos necesarios. Aunque el presupuesto destinado a la protección de los bosques aumentó en términos absolutos, sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades reales de conservación. En promedio, desde 2014, la ley recibió menos del 10% del presupuesto que debería destinarse según sus disposiciones.
Otro desafío importante ha sido la lentitud y deficiencia en la actualización de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN), que establecen las áreas que deben ser protegidas. Muchas provincias han retrasado la actualización de estos ordenamientos, y en algunos casos, no se respetaron los estándares de participación ciudadana que la ley exige. Además, la falta de metas claras, indicadores y mecanismos de evaluación ha dificultado la medición del impacto de las políticas de conservación.
La deforestación ilegal continúa siendo uno de los problemas más graves en la gestión de los bosques nativos. A pesar de la implementación de un sistema de alerta temprana, aproximadamente el 76% de la deforestación en el país se produce en áreas donde está prohibido el cambio de uso del suelo. En Misiones, por ejemplo, el 34% de la deforestación se produjo en zonas protegidas, lo que refleja una clara falta de control y sanciones efectivas.
A pesar de los desafíos, existen oportunidades para mejorar la protección de los bosques nativos en Argentina. La Fundación Vida Silvestre propuso una serie de medidas que incluyen el fortalecimiento de las estructuras de control y fiscalización, así como la capacitación de profesionales en el manejo sostenible de los recursos forestales. También instó a una mayor transparencia en la rendición de cuentas y el acceso a la información pública, lo que permitiría una mayor participación de la sociedad civil en la toma de decisiones relacionadas con la conservación.
La correcta implementación de la Ley de Bosques es fundamental para garantizar la protección de los ecosistemas forestales y asegurar un desarrollo económico sostenible en las provincias que dependen de ellos. Como afirmó Jaramillo, “es necesario que exista la voluntad política apropiada para cumplir con esta norma, la capacidad profesional y técnica para su implementación y el compromiso de asignar los recursos necesarios para su aplicación”.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
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