El Gobierno nacional evalúa la privatización de Aerolíneas Argentinas en medio de conflicto con gremios aeronáuticos

El Gobierno nacional intensificó su disputa con los gremios aeronáuticos tras declarar que mantiene conversaciones con empresas privadas para que asuman la gestión de Aerolíneas Argentinas.

Esta declaración provocó preocupación sobre el futuro de la aerolínea de bandera y el posible avance del proyecto de privatización. El conflicto se originó con un reclamo de mejora salarial por parte de los gremios, pero se agravó con la posibilidad del desplazamiento del titular del gremio de pilotos, Pablo Biró, y la propuesta de privatización impulsada por Javier Milei.

En una reunión de urgencia, el jefe de Gabinete, la secretaria general de la Presidencia, el ministro de Economía, el asesor Santiago Caputo y el titular de Aerolíneas Argentinas discutieron la situación. El vocero presidencial, Manuel Adorni, reiteró que el Gobierno está en conversaciones con empresas privadas latinoamericanas para que se hagan cargo de Aerolíneas Argentinas en caso de que continúen las medidas de fuerza. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo aclararon que una privatización completa requiere una ley específica. También mencionaron la posibilidad de que otras compañías puedan realizar operaciones en vuelos de cabotaje de Aerolíneas bajo la política de «cielos abiertos».

El economista especializado en transporte, Rafael Skiadaressis, explicó que el decreto 70/2023 permitió a empresas extranjeras operar vuelos de cabotaje en Argentina, eliminando prohibiciones previas.

Aunque la apertura hacia otras firmas no es inmediata, se espera que el trámite para obtener permisos de operación sea más ágil. En cuanto a la situación financiera de Aerolíneas Argentinas, la compañía mostró un déficit de $255.855,8 millones en el segundo trimestre del año y recibió $58.732,7 millones en transferencias del Tesoro para su plan de reducción de personal. El Gobierno sigue defendiendo la privatización como una medida de saneamiento fiscal y cree que el Estado no debería administrar empresas públicas.

 

FUENTE: TN.

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