La Justicia de Misiones detuvo a ocho policías acusados de sedición y conspiración, incluyendo al suboficial retirado Ramón Amarilla, líder de una protesta policial en mayo. Los complotados planeaban un escrache y un incendio para secuestrar vehículos oficiales.
Según confirmaron a Misiones Online, los ocho policías detenidos por intento de sedición y conspiración se encuentran en situación de pasiva y permanecerán detenidos. El suboficial retirado y líder del acampe policial de mayo, Ramón Amarilla, fue trasladado al penal de Cerro Azul.
“Administrativamente estamos avanzando y están todos en situación de pasiva”, afirmó un alto mando de la Jefatura de Policía a este medio, y añadió: “A uno se le negó la excarcelación (Diego Correa) y el otro se lo trasladó a la unidad penal de Cerro Azul (Ramón Amarilla)”.
Ramón Amarilla, suboficial mayor retirado y vocero de la protesta policial que duró trece días en mayo frente al Comando Radioeléctrico de la avenida Uruguay en Posadas, es uno de los principales implicados.
La Justicia ordenó recientemente la detención de siete uniformados acusados de conspirar para realizar una nueva revuelta policial en Misiones. Los complotados planeaban ejecutar varias acciones de impacto de manera simultánea el pasado martes 17.
La primera acción prevista era un escrache a la vivienda de Carlos Rovira, exgobernador y figura prominente del oficialista Frente Renovador. La segunda, de mayor impacto, consistía en provocar un incendio y saturar las líneas de asistencia del sistema 911 para sacar de circulación la autobomba de los bomberos y los patrulleros.
La denuncia de un oficial ayudante que rechazó participar en la operación fue el punto de partida para las detenciones. Al oficial Diego Correa le secuestraron el teléfono celular, el cual fue peritado por personal de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC), dependiente del Poder Judicial.
“Solo Cola”
En el celular se encontró una conversación reveladora en un grupo de Whatsapp llamado “Solo Cola”, con íconos de una calavera y dos tibias cruzadas junto a un ataúd.
En este chat se coordinaba la logística de la revuelta. En un tramo clave, planificaban cómo apoderarse del camión de bomberos y de los móviles policiales. La autobomba era el primer objetivo porque, como señaló uno de los implicados, “si robamos primero un patrullero, no va a salir”.
Los audios detallaban la necesidad de provocar un incendio y realizar llamadas “simultáneas” al 911 para dar credibilidad al incidente. Una alternativa mencionada era quemar un pastizal en las afueras de Posadas, obligando a actuar a las delegaciones cercanas.
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Los mensajes también asignaban tareas específicas: un grupo secuestraría la autobomba, mientras otro sacaría de circulación los patrulleros. Frases como “De entrada será un golpe duro”, “Con esto se pudre copado” y “Yo ya estoy rejugado. Que se pudra lo que tenga que pudrir” evidencian la seriedad de los planes.
El objetivo de la movida no era un reclamo salarial, como en mayo, sino una amplia amnistía administrativa y judicial para quienes participaron del levantamiento de mitad de año. La conspiración surgió después de que el Juzgado de Instrucción 3 de Posadas, a cargo del magistrado Fernando Verón, terminó de indagar al personal policial y mientras se apresta a realizar las imputaciones formales por sedición y otros delitos conexos.
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