En 2007, Argentina adoptó una de las herramientas más importantes para la protección de sus bosques nativos: la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Esta normativa fue sancionada con el objetivo de garantizar un equilibrio entre la conservación de los ecosistemas y el desarrollo productivo de las actividades que se llevan a cabo en estos territorios. Sin embargo, tras más de una década desde su promulgación, su implementación fue parcial y los fondos asignados estuvieron muy por debajo de lo necesario para cumplir con sus objetivos de manera efectiva.
La ley establece, en su artículo 31, que el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos debe contar con un presupuesto no inferior al 0,3% del total del Presupuesto Nacional. Este porcentaje debería destinarse a financiar acciones de monitoreo, control y restauración de los ecosistemas, así como a incentivar el uso sustentable de los recursos. Para el año 2025, esta cifra debería ascender a 352.664 millones de pesos. Sin embargo, el proyecto de ley de Presupuesto Nacional que el Poder Ejecutivo presentó para su tratamiento en el Congreso solo asigna 9.090 millones de pesos a este fondo, lo que representa un exiguo 2,5% de lo que estipula la norma.
Esta subfinanciación no es nueva. Desde su sanción, la Ley de Bosques nunca recibió el presupuesto completo que le corresponde. Según Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, «en definitiva, estamos pensando que 170 pesos alcanzan para cuidar una hectárea de bosque por un año completo, lo que es claramente insuficiente». El experto señaló que sin un estímulo financiero adecuado, las provincias no pueden fortalecer su capacidad de fiscalización, control y vigilancia, mientras que los propietarios de terrenos con bosques nativos carecen de incentivos para desarrollar un uso sustentable de los recursos o restaurar las áreas degradadas.
La Ley de Bosques fue inicialmente efectiva en reducir la tasa de deforestación en el país, logrando una estabilización que se mantuvo hasta 2019. No obstante, en los últimos años, la tendencia ha comenzado a revertirse, en gran parte debido a la intensificación de incendios forestales y la expansión de actividades agropecuarias, forestales y urbanísticas. Estas actividades han provocado una pérdida significativa de bosques, incluso en zonas donde la deforestación está prohibida por la ley. Asimismo, las áreas que han sido afectadas por incendios o desmonte ilegal no están siendo restauradas como corresponde, lo que agrava la situación.
Los bosques nativos brindan una amplia gama de servicios ecosistémicos esenciales para la vida. Contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático, regulan los ciclos hídricos, son hábitat de miles de especies y proporcionan sustento a las comunidades locales. Además, los bosques ayudan a prevenir desastres naturales como inundaciones y erosionan el suelo, además de mejorar la calidad del aire y el agua. La desaparición de estos ecosistemas genera graves consecuencias sociales, ambientales y económicas, muchas de ellas irreversibles.
La falta de cumplimiento de la Ley de Bosques tiene efectos concretos. En los territorios donde la deforestación está prohibida, los desmontes ilegales continúan, y el control de estas actividades es insuficiente. A pesar de la implementación de sistemas de monitoreo como el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación, más del 70% de la pérdida de bosque ocurre en áreas que deberían estar protegidas. En este sentido, la creación de un registro nacional de infractores podría ayudar a coordinar mejor las acciones entre las diferentes jurisdicciones y mejorar las sanciones para quienes violan la ley.
Jaramillo destaca la importancia de cumplir con la normativa vigente y asignar los recursos necesarios para su correcta implementación: «Conservar y utilizar sustentablemente los bosques nativos argentinos es una obligación legal y una oportunidad para el verdadero desarrollo económico y social». No obstante, lograr este objetivo requiere no solo de voluntad política, sino también de una mayor asignación de recursos y una mejora en los procesos de control y fiscalización.
Un aspecto clave que necesita ser fortalecido es el proceso de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), el cual enfrentó importantes demoras y deficiencias. Este proceso es crucial para garantizar que las actividades productivas en áreas boscosas sean sustentables y respeten las zonas protegidas. Sin embargo, su actualización fue lenta, y en muchos casos no incluyó la participación ciudadana adecuada, como lo exige la ley.
A pesar de los desafíos, existen oportunidades para mejorar la aplicación de la Ley de Bosques y proteger de manera más efectiva los ecosistemas nativos. Es necesario reforzar las estructuras de control y fiscalización, así como aumentar la capacitación de los agentes de conservación y los técnicos encargados de la vigilancia en el terreno. Además, una mayor transparencia y acceso a la información por parte de los distintos actores involucrados, como ONGs, legisladores y comunidades locales, permitiría una mejor gobernanza en la gestión de los bosques.
A través de su sitio web especializado en la Ley de Bosques, Fundación Vida Silvestre busca brindar información detallada sobre la situación actual de la normativa y las oportunidades que ofrece para la conservación y el desarrollo sustentable de los ecosistemas nativos en Argentina. Este tipo de iniciativas, sumado a un compromiso más fuerte por parte del Estado, son pasos esenciales para asegurar la protección de los bosques en el futuro.
👉 Mantenete informado siempre, estés donde estés.
Seguinos en nuestro canal de Whatsapp 📲 https://t.co/whakJNoXxh pic.twitter.com/MCb1BvpOLZ
— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024