El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a la jueza Loretta Preska que postergue el fallo sobre la expropiación de YPF hasta después de las elecciones presidenciales del 6 de noviembre.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió a la jueza Loretta Preska del Tribunal de Distrito de Nueva York que aplace la publicación de la sentencia sobre la expropiación de YPF hasta después de las elecciones presidenciales del 6 de noviembre. Esta solicitud podría influir en el delicado equilibrio diplomático entre Argentina y Estados Unidos.
En una carta dirigida a la jueza Preska, el fiscal Damian Williams informó que el Departamento de Justicia está considerando intervenir en el litigio que enfrenta a la Argentina con los accionistas de YPF, un caso que podría tener importantes repercusiones tanto para la empresa como para las relaciones diplomáticas entre ambos países. Esta intervención se llevaría a cabo mediante la presentación de una Declaración de Interés, que aún se encuentra en debate.
Intervención de Estados Unidos en la disputa
Los accionistas de YPF, entre los que se encuentran Petersen Energía Inversora S.A.U. y Eton Park Capital Management, demandaron al Estado argentino por incumplimiento de contrato, buscando que la Argentina entregue su 51% de participación en YPF como compensación.
La carta firmada por el fiscal adjunto David Farber establece que el Departamento de Justicia tiene hasta el 6 de noviembre de 2024 para decidir si presentará formalmente la Declaración de Interés. “La intervención de los Estados Unidos podría cambiar drásticamente la dinámica del caso,” explicó la misiva. Además, el Departamento de Justicia solicitó a la jueza Preska que reserve su decisión sobre la moción hasta que se tome una determinación sobre la participación de Estados Unidos.
La posible intervención de Washington en este caso subraya la importancia que ha adquirido el litigio, no solo en términos económicos sino también en el ámbito diplomático. La carta explica que el proceso de decisión involucra la coordinación entre diversas agencias gubernamentales y requiere la aprobación del Fiscal General Adjunto Principal para la División Civil del Departamento de Justicia. La disputa judicial se originó tras la expropiación de YPF por parte del gobierno argentino en 2012.
Los accionistas alegan que Argentina violó acuerdos previos al nacionalizar la empresa sin respetar las condiciones establecidas, lo que resultó en pérdidas significativas. Recientemente, Argentina, YPF y los beneficiarios del fallo por la expropiación presentaron sus argumentos finales ante la Corte de Apelaciones de Nueva York. Argentina solicitó la anulación del fallo que la condenó a pagar más de US$16.000 millones a los accionistas minoritarios al momento de la nacionalización.
Estrategias y desafíos de los demandantes
Los beneficiarios del fallo original, que son fondos que compraron el juicio a las empresas afectadas, argumentan que Argentina no les dio un trato igualitario con respecto a Repsol, que sí recibió compensación. La jueza Preska condenó a Argentina en primera instancia y, al no pagar, autorizó a los beneficiarios del fallo a buscar bienes del país para embargar. Sin embargo, los demandantes han tenido dificultades para encontrar activos embargables, por lo que ahora buscan «alter egos» del país como Banco Nación, Banco Central y otras empresas públicas.
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