En un juicio abreviado celebrado en Tucumán, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal condenó a tres años de prisión en suspenso a Alicia Inés Petit, presidenta del directorio del ingenio azucarero La Corona, y a Enrique Fausto González, director de la misma empresa. Ambos fueron hallados culpables de delitos de contaminación ambiental que afectaron gravemente la salud de los habitantes de la localidad de Concepción, en un período que abarca desde 2006 hasta 2017.
La sentencia se basó en la violación de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, que penaliza a quienes, mediante la manipulación de desechos peligrosos, contaminan el suelo, el agua o el aire de forma perjudicial para la salud pública y el medio ambiente. En este caso, los responsables admitieron su culpa en la contaminación de los cursos de agua que desembocan en el Río Salí, un recurso hídrico vital para la región, y en la degradación del suelo mediante el vertido de vinazas y otros desechos industriales en canales a cielo abierto.
Como parte del acuerdo con la fiscalía, la empresa Distribuidora Tucumana de Azúcares S.A., actual operadora del ingenio, se comprometió a pagar 75 millones de pesos en concepto de reparación de los daños ocasionados. Este monto será destinado a beneficiar a la población de Concepción, que durante más de una década sufrió las consecuencias del manejo irresponsable de residuos por parte del ingenio.
Además de las condenas, el tribunal estableció que la empresa deberá implementar un «plan de reconversión industrial» para evitar la repetición de estos hechos en el futuro, garantizando la adecuación de sus actividades a estándares ambientales que protejan a la comunidad y al entorno natural.
El fallo, validado por el juez Enrique Lilljedahl en una audiencia virtual, también contó con la conformidad de una activista ambiental de Santiago del Estero, quien impulsó una de las causas judiciales que derivaron en este resultado. A través de su abogado, la activista expresó su «total conformidad» con el acuerdo alcanzado, destacando la importancia de que se respeten los derechos de las víctimas, tal como lo establece la Ley 27.372.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
“No aplicamos leyes por una cuestión de interés recaudatorio sino para desalentar las infracciones ambientales”, sostuvo el ministro Recamán
