El Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7 ordenó un allanamiento en el Ministerio de Capital Humano, investigando 6 mil toneladas de alimentos retenidos. Se buscan pruebas en computadoras y documentos de logística.
El Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7, bajo la dirección del juez Sebastián Casanello, ordenó este jueves un allanamiento en el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello.
La medida se enmarca en la investigación sobre las 6 mil toneladas de alimentos retenidos en depósitos destinados a comedores y merenderos populares. El juez Casanello acusa a Pettovello de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y abuso de autoridad.
Durante el allanamiento, se buscó secuestrar diversos elementos clave para la causa, incluyendo una copia de seguridad (backup) de la computadora de Pablo Berardi, director de la Dirección de Logística del Ministerio de Capital Humano. También se solicitaron todas las órdenes de entrega emitidas desde el 27 de mayo del presente año y los partes diarios de los depósitos “Buenos Aires” en Villa Martelli y del Centro Operativo Tucumán en Tafí Viejo.
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La Justicia pretende obtener detalles sobre el stock, ingresos, salidas y estado de los alimentos, además de alertas sobre vencimientos, defectos en la mercadería y posibles desechos. Para esto, se examinará el sistema informático S.U.M.A., con el objetivo de rastrear los movimientos de alimentos desde la fecha mencionada hasta la actualidad.
La información recabada es fundamental para determinar si hubo una gestión indebida de los recursos. Desde el ministerio, niegan las acusaciones y defienden el trabajo realizado desde su asunción, argumentando que la gestión anterior incurrió en falta de transparencia.
La causa se inició por una denuncia penal presentada por Juan Grabois contra Sandra Pettovello, alegando incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y abuso de autoridad ante el desabastecimiento alimentario en comedores comunitarios. En respuesta, el ministerio calificó a Grabois como “un profesional de la mentira”.
El conflicto comenzó con quejas de diversas organizaciones sociales, materializadas por Grabois en una presentación judicial. El reclamo surge del freno en la entrega de productos por parte de la gestión del presidente Javier Milei, en el área dirigida por Pettovello. Mientras el gobierno sostiene que existían “comedores fantasma”, las organizaciones acusan a las actuales autoridades de desabastecer la red asistencial construida durante la última década en barrios de bajos ingresos.
El Gobierno insiste en que desde el inicio de la actual administración hubo “una clara disposición a transparentar y comunicar el trabajo realizado para que las familias vulnerables aumenten su poder de compra”, priorizando que las personas reciban asistencia directa y eliminando la intermediación de las políticas sociales. Respecto a las diligencias judiciales, desde el ministerio las calificaron de “sorpresivas e injustificadas”, argumentando que han cumplido con todos los requerimientos del juez.
Además, el Ministerio de Capital Humano presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, buscando “defender la división de poderes” y subrayando que el Poder Judicial “no puede interferir en el diseño y ejecución de políticas públicas, competencia del Poder Ejecutivo”. La distribución de mercadería en cuestión incluía más de mil toneladas de leche en polvo y más de 4 mil de harina de maíz, productos destinados a familias en situación de vulnerabilidad por falta de ingresos.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
Causa alimentos retenidos: tras el allanamiento a Capital Humano, se llevaron documentos con registros de entregas y los partes diarios de los depósitos
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