Tras detectar un presunto esquema de corrupción, el Gobierno de Milei decidió auditar las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Se estima que hasta 500.000 de estas pensiones podrían haber sido otorgadas de manera fraudulenta. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) lidera el proceso, buscando garantizar que solo quienes realmente lo necesiten reciban el beneficio.
A través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que depende del Ministerio de Salud, el Gobierno inició una auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, revisando 400.000 beneficios en la provincia de Buenos Aires y 27.000 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida se tomó luego de que una investigación oficial revelara “graves irregularidades” y “un esquema de corrupción”, destacando que solo el 7% de las pensiones auditadas cumplían con los requisitos legales.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, denunció que se desviaron fondos mediante “la facturación de prestaciones médicas truchas por USD 3.400 millones”. Esta denuncia llevó a Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS, a presentar una denuncia penal que ahora se tramita en la fiscalía de Guillermo Marijuán.
Entre las irregularidades, se detectó que en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, se gestionó una pensión por invalidez utilizando la radiografía de un perro. Adorni, desde la Casa Rosada, señaló: “Vean la radiografía del perro que se usó para que otorgaran la pensión, tiene la cola del perrito. Con esto otorgaron una pensión por invalidez”. Además, explicó que “este era el nivel de descontrol que había en las pensiones por discapacidad”.
El Gobierno sospecha que de las 1.250.000 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral que se otorgan en el país, unas 500.000 podrían haber sido concedidas de manera irregular. Estos números surgen de un muestreo realizado por la ANDIS, que ahora revisa todos los casos para detectar posibles inconsistencias y dar de baja a aquellos que no cumplan con los requisitos.
Desde el 4 de julio, la ANDIS está bajo la órbita del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Russo. La auditoría parcial reveló que de 2.559 casos auditados, solo 185 cumplen con los requisitos establecidos. El informe subraya que se trata de un “sistema de pensiones por invalidez poco transparente, complejo de auditar y muy susceptible al fraude”.
Las autoridades actuales sostienen que, durante gestiones anteriores, “las pensiones fueron utilizadas como moneda de cambio para favores políticos, otorgándose a personas que no cumplían con los requisitos de invalidez laboral o discapacidad”. Spagnuolo, abogado cercano al presidente Javier Milei, afirmó que “con estas auditorías, buscamos dar transparencia al sistema de pensiones no contributivas por invalidez laboral para que las mantengan y reciban quienes realmente lo necesiten y estén avalados por la ley”. Asimismo, aclaró que “el objetivo es que no se quite ningún beneficio a quien verdaderamente le corresponda, sino solamente a aquellas personas a las que le fueron otorgadas de manera fraudulenta”.
De esta forma, las autoridades detectaron que alrededor del 35% de las pensiones otorgadas presentan incompatibilidades, incluyendo personas con propiedades y empleos que no deberían recibir estos beneficios. El 30% restante de los casos presenta inconsistencias en las condiciones médicas declaradas. La auditoría completa sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral busca confirmar o ampliar estos datos preliminares para regularizar la situación.
La auditoría parcial sobre las pensiones laborales por incapacidad y los cambios en las modalidades para otorgarlas, impuestos por el gobierno del Frente de Todos, arrojaron resultados que alertaron a las autoridades, lo que derivó en la causa penal. De los 2.559 casos auditados, “solo el 7% (185) cumplen con los requisitos establecidos”.
Además, el informe señaló: “También se encontró un sistema de pensiones por invalidez poco transparente, complejo de auditar y muy susceptible al fraude”. Las actuales autoridades afirmaron: “Durante las gestiones anteriores, las pensiones fueron utilizadas como moneda de cambio para favores políticos, otorgándose a personas que no cumplían con los requisitos de invalidez laboral o discapacidad”.
El Ministerio de Salud explicó que “con este mecanismo perverso accedieron a la pensión por invalidez laboral personas sin invalidez laboral, e inclusive sin condición médica alguna -pero que les entregaron la pensión por su condición de pobreza- y personas que poseían alguna condición médica pero que no eran invalidante y que trabajaban, o que tenían obra social o prepaga y poseían ingresos ellos y/o su grupo familiar de hasta 1.5 millones de pesos”.
👉 Mantenete informado siempre, estés donde estés.
Seguinos en nuestro canal de Whatsapp 📲 https://t.co/whakJNoXxh pic.twitter.com/MCb1BvpOLZ
— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
Atravesado por las internas, el oficialismo buscará retomar la iniciativa en el Congreso: jubilación, juicio por jurados e imputabilidad de menores, en la agenda de la semana
Según el Gobierno nacional, los precios reales de los alquileres cayeron más de 26% desde la desregulación del mercado
Pichetto insiste por el proyecto aprobado por el Congreso que aumenta las jubilaciones y Milei vetará: “El Gobierno no puede dar lo que quiere con bonos para compensar”
