Macri apoyó la decisión de Milei de vetar el aumento a jubilados, pese a que todos los senadores de su partido votaron a favor del proyecto

La oposición había sancionado por dos tercios la ley que recomponía en un 8,1% los haberes jubilatorios y contenía una nueva fórmula de movilidad, sin embargo, el presidente Javier Milei acudió al vetó y la dejó sin valor, ya que desafiaba su plan de equilibro fiscal. Previo a la votación, la máxima autoridad del Poder Ejecutivo había expresado que rechazaría el proyecto en caso de ser aprobado.

Tras más de cinco horas de debate, el Senado le dio luz verde al proyecto en general, con 61 votos a favor, 8 negativos y ninguna abstención. Con un dato adicional de alto interés político: todos los senadores de Pro, salvo la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, acompañaron el proyecto opositor. El resto del rechazo estuvo dado por los siete senadores de La Libertad Avanza. Minutos después se aprobó todo el articulado en particular con la misma mayoría. Solo hubo tres ausentes: Maximiliano Abad (UCR), Alejandra Vigo (Cambio Federal) y Silvina García Larraburu (UxP).

 

Sin embargo Mauricio Macri, presidente del Pro, cuyos senadores votaron unánimemente a favor del proyecto, apoyó el veto del mismo por parte de Milei, luego de cenar anoche con él.

«La mayoría de los senadores que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado deficitarias y llenas de corrupción. Hay que recordar, también, que esos mismos senadores fueron quienes aprobaron la apertura indiscriminada de universidades públicas, fuente de despilfarro, y fachadas para el clientelismo y una corrupción fenomenal. Fueron ellos los que aprobaron el deficit que empobreció a los argentinos. Ya no se puede discutir más la necesidad del equilibrio fiscal. Por el bienestar de nuestros jubilados y los nietos de los jubilados, apoyo el veto del presidente Milei», señaló.

El proyecto

La iniciativa fijaba una recomposición del 8,1% de inflación correspondiente al mes de enero, que no fue incluida en la actualización que el Presidente determinó por decreto, en abril. Sumado a esto, definía al Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual como la variable de la movilidad para las jubilaciones, que deben estar por encima del valor de la canasta básica de alimentos. Además, creaba una cláusula gatillo anual que se aplicará automáticamente siempre que los salarios hayan subido más que la inflación y será del 50% de esta diferencia. Por último, exigía que en un plazo de seis meses el Poder Ejecutivo saldara las deudas con las 13 provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado Nacional y cumpla las sentencias judiciales firmes a favor de los jubilados.

Para este año, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) –dirigida por Gabriel Esterelles– estimó que estas eventuales modificaciones representarían un gasto adicional en jubilaciones y pensiones de alrededor del 0,44% del PBI. En tanto, el mismo organismo estimó que las deudas con las cajas provinciales ascenderían a un valor corriente de $703.353 millones, monto equivalente a 0,13% del producto.

Para la diputada de Pro Daiana Fernández Molero, el impacto que calculó la OPC solo podría aplicarse para este año, dado que no contempla el refuerzo por RIPTE. La legisladora indicó que, con la incorporación de la variable salarial en la fórmula, el costo fiscal anual contando un período de cinco años se dispararía a 1,9% del PBI. Por eso, calificó la fórmula como “explosiva”: “Este agregado es asimétrico ya que solo se aplica en los años que el salario real sube y no lo corrige cuando baja”, enfatizó la economista. Con información de La Nación.

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