Una disputa entre Roberto B., titular de una reserva particular en Teyú Cuaré, San Ignacio, y miembros de la etnia Mbya Guaraní ascendió a niveles preocupantes, con denuncias de amenazas, daños a la propiedad y disputas territoriales.. Mientras el dueño denuncia transgresiones a su propiedad privada y teme por su integridad, la comunidad originaria defiende su derecho ancestral sobre el área y acusa intromisiones.
Un conflicto de convivencia en la zona de Teyú Cuaré se puso de manifiesto ante las persistentes situaciones de violencia y tensiones existentes entre propietarios privados y comunidades indígenas Mbya Guaraní. Roberto B., dueño de una reserva natural privada llamada “Monte Adentro”, presentó varias denuncias por amenazas de muerte y acoso por parte de miembros de la comunidad Mbokajaty “II”, mientras que la comunidad, con el respaldo del Equipo Misiones Pastoral Aborigen, fundamenta que las tensiones son generadas por no respetar supuestamete el territorio ancestral y defienden su derecho a transitar por los lotes privados y ocupar nuevas zonas.
Según la denuncia policial presentada el 18 de julio, Roberto B. afirma que el cacique Rosalino R. lo intimidó con un machete dentro de su propiedad. “Estando dentro de mi propiedad este hombre me amenaza con un machete. Me rompieron los carteles de ingreso a la reserva privada, apean árboles, realizan quemas en la zona, la verdad que es una locura lo que estamos viviendo acá en estos meses con reiteradas situaciones de violencia por parte de gente de la comunidad indígena”, explicó.
El propietario, que se describe a sí mismo como una persona pacífica y educada, y que respete el asentamiento indigena. Pero sostiene que la situación se ha vuelto insostenible cuando ingresan a su propiedad y se consideran dueños de su reserva y todo el Teyú Cuaré: “Es horrible vivir así, con miedo a que lastimen a tu familia o dañen tu propiedad. A veces llega mucho humo de quema en su comunidad, pero estoy alerta y asustado porque no sé si prenden fuego mi reserva”.
Roberto B., es posadeño y tiene propiedades también en Bonpland, pero conoce la zona de San Ignacio y su historia. Asevera que el asentamiento indígena es relativamente nuevo, ellos no son preexistentes en el lugar y la Ley 26160 no le otorga los derechos que supuestamente se adjudican: “Yo también soy originario de Misiones si vamos al caso, y hay derechos a respetar de la propiedad privada. En esta zona no había ninguna comunidad Mbya hace una década atrás. Todos sabemos cómo llegaron estas familias indígenas en San Ignacio. Pero eso no les da derecho a la violencia y que no respeten la propiedad privada», remarca.
El propietario también expresó su preocupación por lo que considera un plan político indígena más amplio: “Son varios los propietarios del lugar que sufren estas situaciones de tensión con esta comunidad. Un vecino incluso vio un plano que los propios indígenas le mostraron que dice que de Corpus al Teyú Cuaré quieren reclamar las tierras por sobre toda la costa del Paraná, porque dicen que es su territorio ancestral. Realmente es grave lo que está pasando con los indígenas en San Ignacio”, denuncia el propietario.
Otro caso de conflicto que involucra a la Comunidad Mbokajaty II
Esta semana trascendió además otro incidente policial, en este caso sería por un conflicto de usurpación en territorialidad de Comunidad Mbokajaty II según la denuncia realizada por sus líderes, alegan en un comunicado que dio a conocer EMIPA (Equipo Misionero Pastoral Aborigen).
Javier Villalba, miembro de la comunidad, declaró: “Estamos pendientes para proteger nuestro territorio, no queremos que nos usurpen más. La policía nunca está de nuestro lado, nos dicen que eso no es nuestro. Estaremos siempre unidos cada día para que no se instalen ahí”.
EMIPA se pronunció sobre esta situación de conflicto por la tierra en apoyo a la comunidad indígena, afirmando que el territorio en disputa está relevado dentro de la Ley 26.160, que reconoce la posesión y propiedad comunitaria indígena.
Según el relato de la comunidad, esta semana sufrieron un intento de intrusión en su territorio: “Una señora vino a instalarse sin aviso, sin consulta, donde estábamos limpiando para armar una casita para la abuela”, explicó Villalba.
«La comunidad intentó dialogar pacíficamente, explicando sus derechos sobre el territorio, pero no fueron escuchados, y se requirió la actuación policial en el lugar», señalaron en el reporte de prensa.
Seguido, relataron: “Vino la Policía, se pusieron medio agresivos, dicen que el lugar es público y que el municipio le puede dar eso (autorización) a la señora, mientras que también hay un señor que dice que es el propietario”, indicó Javier, desconcertado ante las contradicciones.
El Mburuvicha (líder) Bernardino Villalba realizó una denuncia en la comisaría local, solicitando que los intrusos se retiren de su territorio. La comunidad denuncia también situaciones de agresiones, discriminación y amenazas.
Para EMIPA hay «una clara violación a los derechos indígenas, la inoperancia de los efectivos policiales y entidades estatales, quienes operan con total desconocimiento de causa, en algunos casos, y en otros con malicia y permisividad para con los usurpadores. Se pretende imponer una imagen criminalizadora y estigmatizadora de los Pueblos Indígenas, pero no se pueden pasar por alto las leyes nacionales, los tratados internacionales y a la misma Constitución Nacional, herramientas legales que fueron hechas para protegerlos», concluyeron.
Contexto legal y cultural
El conflicto pone de relieve la compleja situación de los derechos territoriales en la región. Mientras los propietarios privados como Roberto B. defienden sus títulos de propiedad, las comunidades indígenas argumentan su derecho ancestral sobre las tierras, amparados por leyes nacionales, tratados internacionales y la Constitución Nacional.
Es importante destacar que, según explican los guardaparques de Ecología, los indígenas pueden circular por áreas naturales privadas o públicas, sin límites definidos, en lo que se conoce como territorialidad indígena. Pueden usar estos espacios para sus artesanías, pesca o recolección de frutos para consumo.
Sin embargo, las tensiones surgen cuando se trata de ocupar nuevos territorios o cuando hay disputas sobre los límites de las propiedades.
La situación ha llevado a la intervención de las autoridades locales, con reiteradas denuncias cruzadas y una orden de restricción de acercamiento entre las partes involucradas, en el caso que involucra al cacique Rosalino y Roberto B.. Este último expresó que su familia tuvo que regresar a Rosario debido a la inseguridad y el acecho que perciben en el lugar.
“Quiero que esta gente me respete, como yo los respeto a ellos”, concluyó Roberto B., mientras que la comunidad Mbya Guaraní insiste en su derecho a proteger y permanecer en lo que consideran su territorio ancestral.
La Policía de Misiones desplegó la «Operación Norte Seguro»https://t.co/i4qoZie7pE
— misionesonline.net (@misionesonline) August 2, 2024
Detuvieron a un hombre en Campo Viera por abusar sexualmente de su nieta y por divulgación de pornografía infantil
Cayó el líder de una banda acusada de asaltos en Garupá tras allanamientos en la A3-2
Detuvieron a un hombre que golpeó brutalmente a un caniche en Colonia Aurora
