Se cumplen 30 años del atentado a la AMIA, el ataque terrorista más grave que sufrió el país y que dejó 85 muertos 

Un 18 de julio, pero de 1994, el edificio de la mutual israelita en Buenos Aires voló en pedazos por un atentado terrorista; cómo sigue la investigación

Este 18 de julio se cumplen 30 años del ataque terrorista a la sede Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Se trató del atentado más grave que sufrió nuestro país en su historia (85 muertos y más de 300 heridos graves) y el segundo de mayor envergadura ocurrido en el continente americano (solo superado por el ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001).

En 1994, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) cumplía sus primeros 100 años de vida. En ese contexto la comunidad judía organizaba los festejos a través de diferentes actividades para conmemorar el cumplimiento de los objetivos que sus líderes se habían fijado un siglo atrás: permitir el entierro de sus miembros de acuerdo a las leyes de la Torá; pensar los mecanismos adecuados para perpetuar la cultura que traían desde la Europa asolada por persecuciones y pogromos; edificar las bases para asegurar la educación de las futuras generaciones, entre los más importantes.

Desde el 18 de julio de ese año el terrorismo buscó justamente dañar lo que la AMIA representaba simbólicamente para nuestra la sociedad: el mejor ejemplo de integración de un colectivo con distintos sectores económicos, culturales y sociales argentinos.

El acto de terror dejó un saldo de 85 personas asesinadas, cientos de heridos y la destrucción total del inmueble significó para parte de la sociedad argentina un problema con el cual no querían convivir. Tan fuerte era ese sentimiento que en esos días la dirigencia comunitaria no hallaba un lugar para edificar la nueva sede ya que los vecinos no querían tener cerca un edificio que pudiera ser blanco de otro hecho de terror. Esto llevó a la necesidad de reconstruir literalmente sobre los escombros.

atentado a la amia
Atentado a la Amia.

En la crisis de 2001 la AMIA tuvo un rol social destacado ayudando a miles de familias a enfrentar problemas de vivienda, trabajo, económicos y de contención sin preguntar a qué religión pertenecían.

En ese sentido la institución creó una bolsa de trabajo donde en una primera instancia cientos personas de la comunidad judía acudían para capacitarse y reincorporarse al mercado laboral. Pero tan exitoso fue el programa que rápidamente distintos gobiernos nacionales y provinciales lo reconocieron y se asociaron ya que la red AMIA abarcaba casi la totalidad del territorio nacional.

Hasta el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lo financió para mejorar la profesionalización y servir mejor a los intereses para los que fue ideado.

30 años después la AMIA sigue siendo la referencia en Argentina sobre el tema terrorismo. Desde allí surgen propuestas, iniciativas, campañas de concientización sobre este fenómeno internacional. Desafortunadamente es esta institución la que debe también organizar y convocar al acto central todos los 18 de julio.

Ataque de Hamas a Israel

La presencia del terrorismo islámico volvió a cernirse sobre los argentinos por tercera vez cuando el pasado 7 de octubre la organización Hamas atacó Israel, mató y secuestro a miles de personas entre ellos cientos de argentinos.

 

 

Desde entonces fueron pocas las acciones organizadas desde el estado nacional tendientes a liberar a los connacionales que aún quedan como rehenes. Fue también la AMIA quien se puso al hombro las distintas iniciativas que buscaron visibilizar el problema.

A pesar de que Hamas no figura en el listado elaborado por la ONU de grupos terroristas el presidente Milei dio el primer paso en reconocer a esa organización como promotora de terror y la colocó junto a Hezbollah en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas al Terrorismo que tiene nuestro país desde 2019 a través de un decreto presidencial que nunca fue cuestionado en el Congreso de la Nación y aún sigue vigente.

El segundo paso que debe dar el gobierno nacional es ayudar a generar conciencia en foros regionales sobre el peligro del fenómeno del terrorismo a través de las trágicas vivencias sufridas en nuestro país, los relatos de los sobrevivientes y alertando que no existen estados exentos de sufrir sus consecuencias ya sea a través financiamiento y también del lavado de activos.

Un reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la República Argentina, declarándola responsable por la violación a las garantías universales de derechos humanos, ligadas a garantizar la vida de los ciudadanos todos y un adecuado “acceso a la justicia” (art. 5 y 8 Convención de Derechos Humanos de América).

Los términos del reciente fallo de la Corte Interamericana son lapidarios para el país, alegando, sin titubeos, un “esquema estatal perpetrado para encubrir los acontecimientos criminales”, agregando que existieron “intervenciones dolosas tendientes a desviar el natural desarrollo de la fallida investigación”.

El presidente Javier Milei tomó nota de la “gravedad institucional” que significa el fallo, y anunció la redacción de un proyecto de Ley tendiente a reactivar la investigación. Pero la pregunta del millón es: ¿De qué modo? ¡Cómo una Ley del Congreso podrá reparar el quebrantado derecho a la verdad y justicia que ya cumple 30 años de impunidad?

Tanto el fallo de la Corte supranacional, como todas las investigaciones que se han hecho dentro y fuera del país dan cuenta de dos hechos inapelables. Primero, que los ideólogos y responsables del ataque a la AMIA son la organización terrorista Hezbollah y, detrás suyo, la República Islámica de Irán.

Ahora nos encontramos con una causa paralizada, sin líneas de investigación superadoras de los fallidas capturas y extradición al país, de los siete iraníes sospechados de planificar el atentado terrorista desde medio oriente. El llamado “Pacto con Irán” que intentó agilizar ese proceso de extradición no hizo más que agudizar el estado procesal de impunidad total y absoluto.

Ambos atentados (AMIA y Embajada Israel) tuvieron motivaciones antisemitas y geopolíticas. Sin embargo, cualquier acto terrorista requiere de financiamiento para desarrollarse y ejecutarse. Se estima que cada ataque puede costar hasta US$ 1.000.000. Poca plata si tenemos en cuenta que las principales organizaciones terroristas como Isis, Hamas, Al Qaeda, manejan cerca de 3.000 millones de dólares cada año (Reporte Naciones Unidas contra el Terrorismo, Nueva York, año 2012, p. 32). Y seguir el rastro de los activos que fueron utilizados para perpetrar el crimen de lesa humanidad o genocidio es la manera más efectiva de investigación de los crímenes complejos y transnacionales, en los tiempos de hoy.

Se trata de un nuevo paradigma de prueba contable, digital y económica, que desde hace algunos años cuenta con amplio consenso en el mundo de las ciencias criminológicas. Se busca, así, ser más efectivos en la búsqueda de la verdad, sin menoscabar las garantías individuales de los sometidos al debido proceso (a fair trial) Esto es especialmente importante en el caso AMIA, ya que se han agotado todas las pruebas directas, de la ingeniería más inmediata del hecho.

La premisa es la de enfocar la investigación en el delito de “financiamiento del terrorismo” (art. 2 Convención Naciones Unidas contra el Terrorismo y art. 306 Código Penal), cuya investigación permite descubrir y ligar directamente a quienes financiaron el atentado (los ideólogos o “autores mediatos”) con los perpetradores inmediatos de la explosión.

Otra de las ventajas de este enfoque económico del delito, tiene que ver con su imprescriptibilidad. Hay consenso en el derecho comparado con que tal delito de financiamiento del terror es de comisión permanente y continuo; además de encontrarse en el llamado “derecho de gentes” (el ius gentium para los Romanos).

La posibilidad de reencauzar la investigación del atentado a la AMIA es, por tanto, no solo factible, sino también el correcto y deseable. Es un camino que nuestra Justicia debería iniciar cuanto antes si quiere ponerse a la altura de las investigaciones de atentados del estilo más experimentales y de vanguardia en las prácticas procesales universal.

Las sobrevivientes, las familias de las víctimas y la sociedad argentina en su conjunto ya han sido privadas de la posibilidad de tener justicia por demasiado tiempo.

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