El juez Federal de Eldorado, Miguel Guerrero, quien fue sancionado recientemente por el Consejo de la Magistratura de la Nación, tiene bajo su jurisdicción una causa de presunto lavado de dinero y financiamiento al terrorismo internacional que no ha tenido ningún avance en varios años.
Se trata de una causa contra varios miembros de un clan familiar que actuaba, presuntamente, como financista de la agrupación terrorista Hezbolá, desde operaciones de narcotráfico y lavado de dinero a través del comercio en los países de la Triple Frontera.
Una de las detenciones cayó sobre jurisdicción del Juzgado de Eldorado y se supo que existen numerosas pruebas para actuar en la causa, pero no hay avances de ningún tipo y las miradas apuntan al juez Guerrero.
Esfuerzos internacionales
Los esfuerzos de los Estados Unidos como de los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay, en diferente medida, llevaron a una importante operación en 2018 en el Triple Frontera, la más significativa en mucho tiempo: la detención de Assad Ahmad Barakat, considerado como uno de los principales operativos de Hezbolá en la zona, quien ya había sido sancionado por el Tesoro estadounidense en 2004, justamente por operaciones delictivas que tenían la finalidad de financiar a la organización.
A requerimiento de EEUU, la policía de Paraguay detuvo en mayo de 2018 a Nader Mohamad Fahrat y un mes después a Mahmoud Ali Barakat, ambos por narcotráfico y lavado de dinero, en lo que sería un año especialmente concentrado en el clan liderado por Assad Ahmad Barakat. En julio, la Unidad de Información Financiera de Argentina congeló los activos de 14 libaneses (once con residencia en Brasil y tres en Paraguay), todos ellos pertenecientes al clan.
Esa red habría lavado dinero y evadido divisas por valor de 10 millones de dólares en un casino de la ciudad fronteriza argentina de Puerto Iguazú. En agosto la Fiscalía de Paraguay dictó una orden de captura del jefe del clan, alegando el uso de un pasaporte paraguayo falso. Assad Ahmad Barakat, fue detenido en septiembre por la policía brasileña. En Paraguay y Argentina miembros del clan fueron arrestados, jugados y condenados por crímenes de lavado de dinero, contrabando, evasión de productos y narcotráfico.
Una ramificación de esta causa se tramita en el Juzgado Federal de Eldorado.
Según fuentes judiciales federales, recientemente “la Cámara Federal de Posadas lo sancionó a raíz de una denuncia que hiciera la UIF por retardo de justicia en el caso ´Barakat´”. “En años no hizo nada y están por caer todas las medidas cautelares”.
La misma fuente confió que “tiene un atraso descomunal en lo que se refiere a las resoluciones de las causas. La mayoría de las causas duermen en lo que en la justicia se denomina como `el sueño de los justos´. Inclusive habría encomiendas secuestradas desde hace años que aún no fueron investigadas, lo que hace que las causas prescriban”.
La causa en manos de Guerrero refiere justamente al artículo 306 del Código Penal, incluido mediante la Ley N° 26.734, que sanciona con penas de prisión y multa a quien, directa o indirectamente proveyere bienes o dinero con la intención de que se utilicen para financiar delitos o para ser utilizados por una organización que cometa delitos con la finalidad de aterrorizar a la población.
Un juez sancionado
Guerrero tiene unas 20 denuncias por acoso laboral. “Es un maltratador serial; de 32 empleados que tenía el juzgado, 18 llegaron a estar con licencia psiquiátrica. Dos o tres renunciaron, otros se tuvieron que ir, otra empleada quedó literalmente pelada”, dijo uno de los empleados denunciantes que solicitó la reserva de su nombre.
“Todas las denuncias por acosos laboral están probadas en el sumario que se le hizo en el AFI de la Magistratura y a causa de lo cual, fue sancionado”.
La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación, presidida por Héctor Recalde, avanzó en la aplicación de una sanción de multa del 30% de sus haberes por única vez al titular del Juzgado Federal de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero.
Se trata del expediente 106/2021 caratulado “Piumato Julio y Herrera Rocío (UEJN) c/ Dr. Guerrero Miguel Ángel (Juez Fed. de Eldorado)”, tras una denuncia de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) contra el magistrado. Fue iniciada por unos 18 trabajadores del juzgado, entre ellos secretarios y prosecretarios, quienes denunciaron situaciones de acoso laboral, violencia y maltrato. “Muchos terminaron con tratamiento psiquiátrico y no es una casualidad. Obedecían a una actitud del juez”, dijo Recalde durante la reunión de la Comisión.
El proyecto sancionatorio fue presentado por el consejero-juez Alberto Lugones, quien afirmó que no le es grato promover la sanción de un colega, pero advirtió que tienen la “obligación de tratar que el Poder Judicial funcione mejor”. En este sentido, se destacó la situación de la dependencia que se encuentra en una “zona compleja” por su competencia en la Triple Frontera y causas ligadas al crimen organizado, aunque se señaló que el juez “debe respetar los derechos y las personas que están con él”.
Y concluyó: “El juez debe poseer una actitud psico-física adecuada pues la tarea de impartir justicia importa enfrentar cotidianamente gran cantidad de problemas que trae la decisión del juzgador. Ello implica que éste debe estar preparado físicamente para soportar el desgaste que esto significa y asumir correctamente la contracción al trabajo y el esfuerzo requerido”.