La Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF), se refirió al proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años y se pronunció al respecto afirmando que “el Ejecutivo no presentó dicho proyecto al Congreso y que tampoco dio a conocer las estadísticas aludidas en su anuncio oficial, que lo llevan a justificar su postura”.
“Desde la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF), hemos tomado conocimiento, a través de una noticia en el sitio oficial del Poder Ejecutivo Nacional, de una nota de fecha 28 de junio de 2024 titulada “Enviamos al Congreso el Proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años” (https://www.argentina.gob.ar/noticias/enviamos-al-congreso-el-proyecto-de-ley-para-bajar-la-edad-de-imputabilidad-los-13-anos), en la cual, entre otras cuestiones relativas al elaboración de dicho proyecto por los Ministerios de Justicia y de Seguridad para bajar la edad de punibilidad, se afirma que “…las estadísticas implican que el delito juvenil existe, crece y cuesta vidas”.
Asimismo, agregaron: “En primer lugar, no advertimos que el Poder Ejecutivo Nacional hubiera enviado el mencionado proyecto al Congreso Nacional, por lo cual se desconoce el alcance del proyecto, notándose que por ahora se trata de otro reiterado anuncio -con fines de trascendencia mediática- para crear solamente consenso social en la baja de la edad de punibilidad”.
“En segundo lugar, tampoco el Poder Ejecutivo Nacional ha dado a conocer las estadísticas aludidas en su anuncio oficial, que lo llevan a justificar su postura para la baja de la edad de punibilidad. Se intenta mostrar que la baja de la edad de punibilidad tendría un impacto positivo para disminuir la inseguridad, cuando no se conoce información estadística de rigor que permita afirmar dicha relación de proporcionalidad”..
Además, desde la Asociación Argentina, indicaron que contradice a la Constitución Nacional: “Parece que una vez, como ocurrió en 2017 y 2019, las más oscuras voces con miradas represivas y regresivas intentan contradecir la Constitución Nacional, en tanto la Convención de los Derechos del Niño integra nuestra Carta Magna (art. 75 inciso 22°)”.
Al respecto, recordamos que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, con fecha 18 de setiembre de 2019, emitió la Observación General N°24 relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil (CRC/C/GC/24), donde en la última parte del párrafo 22 sostuvo: “…el Comité encomia a los Estados partes que tienen una edad mínima de responsabilidad penal más elevada, por ejemplo 15 o 16 años, e insta a los Estados partes a que no la reduzcan en ninguna circunstancia…”. De ello se desprende que una baja de la edad de punibilidad vulneraría el principio de no regresividad y generaría responsabilidad para el Estado Argentino.
Por otra parte, una eventual reforma legislativa en materia penal juvenil no puede concebirse sin advertir la vulneración actual de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales, y Ambientales (DESCA), que corresponden a la infancia y a la adolescencia, y sus grupos familiares. Un importante número de adolescentes infractores a la ley penal son pobres. Según los datos del INDEC para el segundo semestre de 2023, en los grupos de edad según condición de pobreza, se destaca que más de la mitad (58,4%) de las personas de 0 a 14 años son pobres (INDEC, Condiciones de vida, volumen 8, número 7, Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos). En cuanto al primer trimestre de 2024, la inseguridad alimentaria total para áreas urbanas -relevadas por la encuesta del Observatorio de la Deuda Social Argentina- alcanza al 24,7% de las personas, al 20,8% de los hogares y al 32,2% de las niñas, niños y adolescentes. Recordamos que la vulneración de los DESCA se consuma principalmente a partir de las omisiones estatales del Estado Nacional, de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de los municipios, que se encuentran a cargo de garantizar el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, y a la alimentación, entre otros derechos.
Esta Asociación afirma que no debe bajarse la edad de punibilidad, sin perjuicio de creer en un futuro debate de una eventual reforma legislativa y judicial en materia penal para adolescentes punibles, de acuerdo como los estándares internacionales y las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño (ONU), para lo cual corresponderá necesariamente una asignación presupuestaria suficiente para asegurar los recursos humanos y materiales que demandaría la implementación de una reforma. Y también, estimamos necesario debatir acerca de cuáles son las medidas positivas que debe adoptar el Estado para las niñas, niños y adolescentes no punibles, que deben ejecutarse indefectiblemente fuera de todo ámbito penal.
Asimismo, es necesario determinar y en forma absoluta cuál es el rol de la Justicia Juvenil, la misma persigue la reintegración del NNyA a la sociedad, que pueda gozar de los derechos económicos, sociales y culturales e intentar subsanar la disolución familiar, no busca el castigo como la justicia de adultos.
En la actualidad, la actividad estatal se reduce solamente a anunciar una reforma legislativa que tiene como eje central la baja de la edad de punibilidad, con la intención de dar una respuesta demagógica y punitiva al tema de la seguridad ciudadana. Por lo tanto, esta Asociación mantiene su posición histórica en contra de la baja de punibilidad.
El Gobierno nacional presentó el proyecto que enviará al Congreso para bajar a 13 años la edad de imputabilidad
