La Justicia Federal decidió embargar y prohibir las operaciones financieras de Adrián Martínez Moreira, un misionero acusado de liderar una organización que defraudaba al Estado mediante el cobro ilícito de reparaciones destinadas a víctimas y familiares de la última dictadura.
Esta medida se tomó después de que la Secretaría de Derechos Humanos, dirigida por el ex juez Alberto Baños, interviniera en la causa contra Martínez Moreira, acusado de inventar casos de lesa humanidad para obtener indemnizaciones.
Matías Ezequiel López, quien durante 10 años se hizo pasar por Adrián Martínez Moreira, engañó a víctimas de la dictadura, sus familiares, jueces y organismos estatales. El fallo de 563 páginas de la Justicia Federal revela el “relato inverosímil y delirante” que López utilizaba para manipular a sus víctimas y obtener beneficios económicos.
López, bajo el nombre falso de Martínez Moreira, creó una serie de mentiras, incluyendo hacerse pasar por hijo de desaparecidos y liderar una fundación para representar a víctimas reales en juicios por crímenes de lesa humanidad. Incluso llegó a afirmar falsamente que su esposo murió en la Tragedia de Once para obtener beneficios adicionales.
El fallo del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº5 describe una docena de causas que detallan cómo Martínez Moreira coordinaba los engaños. La causa principal se inició en junio de 2016 a raíz de una denuncia del abogado Javier Adrián Garín, quien descubrió que su firma y título profesional eran utilizados fraudulentamente por Martínez Moreira. El acusado también presentó certificados médicos falsos y denuncias infundadas contra Garín para protegerse.
El relato ficticio de Martínez Moreira incluía haber nacido en Misiones en 1986 como hijo de militantes del Partido Comunista que fueron secuestrados y desaparecidos en Paraguay. Su historia fue desacreditada por informes de la UFICANTE y la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que encontraron su relato “inverosímil” y sin pruebas que lo respaldaran.
Martínez Moreira había conseguido que un juez le otorgara una nueva identidad en 2014, basándose en documentos y testimonios falsos. Fundó una organización falsa llamada “H.I.J.O.S. Paraguay” y creó un estudio jurídico ficticio para asesorar a víctimas de la dictadura, usando fraudulentamente la identidad del abogado Javier Garín.
La primera denuncia contra Martínez Moreira surgió en septiembre de 2014, cuando Carlos Lordkipanidse lo acusó de falsificar una declaración de Adriana Calvo de Laborde, una sobreviviente de la dictadura. Martínez Moreira pretendió obtener beneficios económicos falsificando testimonios y documentos.
Además, Martínez Moreira intentó aprovecharse de la Tragedia de Once, afirmando falsamente ser viudo de una víctima, Pablo Fernando Zanotti, para obtener una pensión. Sin embargo, se demostró que Zanotti no era su cónyuge ni pareja.
La historia pública de Martínez Moreira comenzó en 2012 cuando se presentó como hijo de desaparecidos en una nota de Página 12. Al año siguiente, su relato apareció en el suplemento LGBT “Soy”, donde afirmó haber sufrido abusos sexuales y haberse casado con Zanotti.
Un estudio pericial del Cuerpo Médico de la Justicia Nacional realizado en julio de 2021 reveló que Martínez Moreira presentaba una “marcada tendencia a la manipulación, simulación y ocultamiento de contenidos”.
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