La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas revocó el fallo de primera instancia y rechazó el amparo presentado por 22 exfuncionarios de la EBY, que solicitaban su reincorporación tras ser despedidos con el cambio de gobierno. La medida cautelar también afectó a otros exfuncionarios que siguen litigando contra la entidad.
La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas rechazó el amparo presentado por un grupo de 22 exfuncionarios de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), quienes fueron desvinculados de la empresa hidroeléctrica argentino-paraguaya tras el cambio de administración gubernamental. El fallo, firmado ayer, revocó la decisión inicial del juez Correccional y de Menores, César Jiménez, quien había ordenado la reincorporación inmediata de los despedidos.
El recurso de amparo había sido impulsado por Carlos Nahuel Ifrán, exintegrante del área de Prensa y Comunicación de la EBY, y entre los demandantes se encontraban Efraín Fernando Samudio, Gastón Alejandro Douton, Lorenzo Darío Martos, Lionel José Dahir, Paula Sánchez, entre otros. Los exfuncionarios alegaban que sus despidos representaban un “peligro en la demora” y un perjuicio al “derecho alimentario”.
La Cámara argumentó que los actores tenían a su disposición las indemnizaciones correspondientes a sus despidos, que cubrían adecuadamente sus necesidades alimentarias. El fallo especifica que “los actores cuentan con sumas equivalentes a varios meses de sueldo, lo cual echa por tierra la cuestión alimentaria invocada como sustento de la medida cautelar dictada”.
Asimismo, la Cámara dictaminó que “la sentencia del juzgado de primera instancia resulta arbitraria”, y destacó la falta de cumplimiento de los requisitos procesales necesarios para el otorgamiento de la medida cautelar.
Este fallo es uno de varios recursos de amparo presentados por exfuncionarios de la EBY. Entre ellos, se encuentran los casos de Aitor Zugasti y Juan Delio Martínez Llano, sobrinos del exsenador del Partido Justicialista y empresario correntino José Rodolfo Martínez Llano, quienes también fueron despedidos en abril. Representados por su tío, los exfuncionarios solicitan la reincorporación y el pago de salarios caídos, argumentando el “derecho alimentario”.
Desde la asunción del nuevo gobierno, la EBY ha despedido a más de 100 funcionarios en sus sedes de Posadas, Ituzaingó y Buenos Aires. La mayoría de los despedidos habían ingresado a partir de enero de 2019, bajo la administración de Alberto Fernández. Estos despidos han generado una serie de litigios y recursos de amparo por parte de los afectados.
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