Ordenaron la detención inmediata de Marcelo Corazza, acusado de explotación sexual de menores

La Justicia Federal argentina ha elevado a juicio la causa contra Marcelo Corazza, primer ganador del reality show Gran Hermano, por presunta participación en una red de explotación sexual de menores. El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°4 ordenó su detención inmediata.

Entre los implicados en la causa se encuentra Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo, de 48 años, señalado como presunto líder de la organización criminal. Angelotti, conocido en Oberá, por su actividad en el rubro gastronómico, habría utilizado una pizzería de su propiedad como fachada para operar un ciber clandestino. Según la investigación, este establecimiento habría sido utilizado para captar menores vulnerables, una metodología que la red fue perfeccionando a lo largo de los años, atrayendo a numerosas víctimas.

Corazza, quien también se desempeñaba como productor del programa, está acusado de integrar esta organización criminal que habría operado desde 1999 hasta marzo de 2023, cuando fueron realizadas las primeras detenciones. La investigación, iniciada en octubre de 2022, surgió a partir de la denuncia de una víctima.

Corazza, quien también se desempeñaba como productor del programa, está acusado de integrar una organización criminal que habría operado desde 1999 hasta marzo de 2023, cuando fueron realizadas las primeras detenciones. La investigación, iniciada en octubre de 2022, surgió a partir de la denuncia de un testigo que declaró haber sido víctima de abuso sexual durante su adolescencia.

El juez Ariel Lijo amplió el procesamiento de Corazza, modificando la calificación legal a «corrupción de menores en concurso ideal con exhibiciones obscenas», y revocó la libertad condicional que se le había otorgado en octubre pasado.

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Además de Corazza, otros cuatro individuos están implicados en la causa, incluyendo a Francisco Rolando Angelotti, señalado como presunto líder de la organización. Los fiscales Carlos Rívolo y Alejandra Mángano sostienen que existen pruebas suficientes para llevar el caso a juicio oral y público.

La investigación reveló que la presunta red operaba en Buenos Aires y Misiones, captando menores en situación vulnerable para someterlos a diversas prácticas de índole sexual. Se han identificado al menos diez víctimas, algunas de las cuales habrían sido intimidadas para evitar su testimonio.

El  próximo paso será la celebración del juicio, donde se presentarán las pruebas y testimonios para determinar la responsabilidad de los acusados en los graves delitos que se les imputan.

 

 

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