En un contexto de ajuste fiscal y recortes, el sector de la construcción en Argentina enfrenta un panorama desolador. La decisión del Ministerio de Economía de traspasar la financiación de una serie de proyectos de obra pública a las provincias, o de exigir la devolución de fondos, encendió las alarmas. El sector estima que podrían perderse USD 6.000 millones en inversiones ya realizadas, una cifra que refleja el impacto profundo de estas medidas en la economía y en la infraestructura del país.
El Gobierno nacional, en su esfuerzo por alcanzar el déficit cero este año, decidió reducir drásticamente el financiamiento de obras públicas a nivel nacional. Esta decisión fue tomada en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que señaló la necesidad de ajustes fiscales en las provincias. Como resultado, el Ejecutivo amplió la lista de provincias con las que firmó convenios de traspaso de obras. Estos acuerdos implican que la financiación dejará de depender del Tesoro nacional y pasará a estar bajo la responsabilidad de los gobiernos provinciales.
Hasta el momento, se trata de unas 850 obras públicas que la Nación dejará de financiar directamente. Entre los gobernadores que firmaron estos convenios están el andatario de Misiones, Hugo Passalacqua y Claudio Vidal de Santa Cruz, quienes se reunieron con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Según la Jefatura de Gabinete, se transferirán a las provincias diversas obras hídricas, de construcción y ampliación de edificios escolares y de vivienda. Sin embargo, el Gobierno nacional se comprometió a seguir ejecutando otro conjunto de obras estratégicas que ya tienen un alto grado de avance.
Entre las provincias que ya habían firmado acuerdos similares se encuentran Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Salta y Tucumán. Esta iniciativa fue vista con buenos ojos por las empresas del sector de la construcción, ya que no implica una ruptura de contratos y podría permitir la continuidad de proyectos que de otro modo quedarían paralizados.
Además, el Ministerio de Economía decidió terminar con el programa Argentina Hace, un plan de pequeñas obras financiado por la Nación. Este programa incluía obras de agua, saneamiento, conectividad urbana, equipamiento para jardines, clubes barriales, centros de atención a la mujer y de atención primaria de la salud, trabajos de infraestructura para rutas, vías de acceso y señalización, renovación de calzadas, colocación de mobiliario urbano, iluminación y construcción de veredas. La decisión de terminar con este programa se llevará a cabo de manera paulatina, dependiendo del grado de avance de cada proyecto.
Para aquellos proyectos que ya están próximos a finalizar, se otorgará un plazo de cuatro meses para que se concluyan. En los casos con avances más lentos, las gobernaciones deberán decidir si continúan financiándolos con fondos propios o si buscan crédito de otro tipo para finalizar las obras. Además, el Ministerio de Economía analizará posibles incumplimientos, como fondos transferidos que no han sido ejecutados o rendidos. Si se detectan irregularidades, la Nación podría rescindir los convenios y exigir la devolución de los fondos.
El impacto en el sector de la construcción
El sector de la construcción observa con pesimismo lo que resta del año. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, estima que la paralización de obras podría implicar la pérdida de unos USD 6.000 millones en inversiones ya realizadas. Este pesimismo se enmarca en un contexto de ajuste fiscal tanto en la inversión pública directa del Gobierno nacional como en los recortes a las transferencias de capital a las provincias.
Camarco se prepara para celebrar su convención anual en La Rural, en un momento difícil para el sector. Weiss reiteró en varias ocasiones que el 2024 ya está «perdido» para la construcción, estimando la pérdida de unos 100.000 puestos de trabajo, cifra que podría aumentar. La entidad recibirá, entre otros funcionarios, al ministro de Economía, Luis Caputo, y al secretario de Obras Públicas, Luis Enrique Giovine, junto a varios gobernadores.
El ajuste fiscal no solo afecta a la Nación, sino también a las provincias. En su último informe de staff técnico, el FMI señaló que los ingresos provinciales disminuyeron drásticamente en términos reales. Esto se debe, en parte, a la reducción de los ingresos coparticipados, que descendieron un 17% interanual en los primeros cuatro meses de 2024, y a los recortes en las transferencias provinciales discrecionales y para fines específicos, que cayeron un 76%.
El FMI advirtió que, en ausencia de acceso a los mercados, el gasto provincial se está ajustando proporcionalmente. Las provincias más pobres, que dependen más de las transferencias federales, podrían terminar ajustándose más drásticamente que las provincias más ricas, que dependen de regalías mineras y otras fuentes de ingresos propios.
El panorama para el sector de la construcción y para la obra pública en Argentina es sombrío. El ajuste fiscal y el traspaso de la financiación de obras a las provincias generaron incertidumbre y pesimismo. La posibilidad de perder USD 6.000 millones en inversiones ya realizadas es un golpe duro para el sector y para la economía en general.
A medida que el Gobierno avanza con su plan de ajuste para alcanzar el déficit cero, las empresas de construcción y las provincias enfrentan el desafío de encontrar soluciones para continuar con los proyectos de obra pública. La próxima convención anual de Camarco será una oportunidad para discutir estas cuestiones y buscar formas de mitigar el impacto de estos recortes en el sector y en la economía argentina.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
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