El desabastecimiento de gas, el escándalo de los alimentos pudriéndose en los galpones y las 32 renuncias de funcionarios en menos de 6 meses dejan en evidencia las complicaciones que encuentra el Gobierno nacional para llevar adelante la gestión. En Misiones el oficialismo mostró músculo con una convocatoria multitudinaria que sacó a la calle a parte de las mayorías silenciosas que en tiempos de hipercomunicación suelen quedar relegadas ante el estruendo que provocan minorías bien entrenadas.
Javier Milei llegó al poder con algunas ideas muy claras respecto al manejo de la macroeconomía, pero gobernar un país extenso y complejo como Argentina implica mucho más que aplicar un programa económico. El Estado es una máquina gigante y se necesita mucha gente con habilidades muy diferentes para mantenerla andando.
Al movimiento libertario le sobran manos dispuestas a librar la “batalla cultural” en las redes sociales, pero sufre una notoria carencia de personas que sepan cómo funciona la burocracia estatal, requisito fundamental para evitar el colapso de la gestión.
Por contradictorio que suene, el presidente no es un estadista y no le interesa serlo. Cree en la utopía libertaria de desaparecer al Estado y dejar todo librado a las acciones de los individuos en la ley del “salvensé quien pueda”.
Lo volvió a dejar en claro hace unos días cuando respondió a una consulta por los 5 millones de kilos de alimentos que su Gobierno no entregó a los comedores. “Va a llegar un momento donde la gente se va a morir de hambre. De alguna manera va a decidir algo para no morirse. No necesito intervenir. Alguien lo va a resolver”, dijo, dando una acabada muestra de la sensibilidad social que lo caracteriza.
No le interesa el Estado y no tiene gente para hacerlo andar. En el organigrama nacional se multiplican los casilleros vacíos. De acuerdo con el “mapa del Estado” difundido por el propio Gobierno a principios de mayo, 16% de los cargos del gabinete no tenían un titular y 63% de todos los ravioles de la administración nacional seguían vacantes.
Para poder cubrir más espacio con las escasas personas que consiguen la aceptación del círculo íntimo de Milei, se crearon megaestructuras ministeriales que concentran áreas enormes de la administración pública, como el ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello, que engloba Desarrollo Social, Educación, Cultura y Empleo. Semejante grado de centralización de funciones hace que todo se mueva más lentamente.
Desconfianza que paraliza
La desconfianza es otro factor que paraliza la gestión. Los integrantes del gobierno desconfían unos de otros y todos ellos desconfían (no sin razón) de las estructuras heredadas.
El internismo y la inexperiencia en los asuntos del Estado llevaron a los libertarios al mayor número de renuncias y despidos de funcionarios para cualquier administración nacional, al menos desde la recuperación de la democracia.
Desde que asumió Milei hasta hoy, 32 funcionarios dejaron sus cargos, lo que marca un promedio de una renuncia cada cinco días. Algunos se fueron por falta de resultados en sus gestiones, otros por haber caído en desgracia con alguno de los integrantes de la selecta mesa chica de Milei, ámbito en el que reina su hermana Karina.
El último en pegar el portazo fue Nicolás Posse, que así se convirtió en el más efímero jefe de gabinete de la historia.
Otra forma de desconfianza tiene como objeto a todas las estructuras, sistemas y agentes del Estado. La nueva administración nacional está convencida de que detrás de todo lo que tenga alguna relación con la esfera estatal hay un curro. Todo está viciado de nulidad hasta que se demuestre lo contrario. “Donde tocamos sale pus”, dispara Milei.
El copioso historial de malos manejos y corruptelas que se remonta a los tiempos de la fundación de la Nación respalda ese prejuicio, el problema radica en que la desconfianza termina paralizando.
Nadie quiere estampar su firma en expedientes que se presuponen oscuros instrumentos de malversación y se para todo a la espera de resultados de auditorías o denuncias judiciales.
Pero mientras tanto no se ejecuta, la cosa no se mueve y los que dependen de los mecanismos del Estado sufren las consecuencias.
Como los enfermos oncológicos y de otras patologías graves que dejaron de recibir remedios porque el ministerio de Capital Humano denunció supuestas irregularidades en el sistema de compras a laboratorios instrumentado por administraciones anteriores.
El 22 de marzo el juez Julián Ercolini desestimó el caso después de que dos fiscales determinaran que no había delito ni irregularidad a la vista, pese a ello, los medicamentos siguen sin entregarse.
En la misma lógica debe entenderse el escándalo que estalló esta semana por las más cinco mil toneladas de alimentos que el ministerio a cargo de Pettovello tiene almacenados en galpones, muchos de los cuales se acercan a su fecha de caducidad, y no fueron entregados a los comedores a pesar de la alta demanda producto de la crisis económica.
El tema salió a la luz a partir de una denuncia periodística. La primera reacción del gobierno fue una justificación que rápidamente se reveló como una mentira.
La ministra salió a decir que se trataba de alimentos no perecederos que estaban reservados para catástrofes, pero tras la intervención de la justicia se comprobó luego que en los galpones había productos básicos como leche y harina que estaba cerca de su vencimiento.
El juez federal Sebastián Casanello realizó un planteo para que Capital Humano presentara un plan de distribución de los alimentos almacenados, la cartera a cargo de Pettovello lo desoyó y ordenó que el Ejército se hiciera cargo de la distribución.
En medio del escándalo rodó la cabeza de Pablo De la Torre, que hasta el jueves era secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, virtual número dos de Pettovello y que ahora está denunciado ante la Oficina Anticorrupción por “falta de transparencia” en el cuidado y distribución de los alimentos que permanecían en galpones.
El costo de la improvisación
El otro episodio que dejó en evidencia la inconsistencia de la gestión del Gobierno nacional fue el apagón de gas por desabastecimiento.
En este caso se combinaron los efectos de una decisión política, la de cortar de cuajo con la obra pública por entenderla como intrínsecamente corrupta, con la falta de previsión que obligó al gobierno a salir de apuro a comprar gas pagando el sobrecosto que ello implica.
Cuando Milei anunció la paralización de la obra pública, como si se tratara de un magnífico logro de gobierno, se interrumpieron los trabajos en la red de gasoductos que el gobierno anterior había iniciado para no tener que importar gas este año.
Gracias a la interrupción de las obras en las plantas de compresoras del gasoducto Néstor Kirchner, el Estado se ahorró 50 millones de dólares. Una décima parte de lo que ahora tendrá que pagar para importar la misma cantidad de combustible que podría estar recibiendo desde el mencionado ducto a un tercio del valor que cuesta el gas importado.
El presidente confía en reemplazar el modelo de obra pública financiada por el Estado por uno en el que sean los privados los que inviertan, pero hasta ninguno demostró interés en participar ni en de las obras iniciadas ni en las que están en proyecto.
Misionerazo 30M
El Gobierno de Misiones recuperó esta semana una vieja tradición de la política democrática, la de las convocatorias multitudinarias en espacios públicos.
No fue un acto a la vieja usanza, con escenario y discursos de ocasión, fue una convocatoria clara y concisa al pueblo para que saliera a pronunciarse a favor de la paz social y del diálogo a una semana de que se registraran episodios de violencia frente a la Legislatura.
Una multitud acudió al llamado, desde el Gobierno provincial estiman que alrededor de 50 mil personas se dieron cita en la tarde del jueves en la explanada de la Cámara de Representantes.
La manifestación evidenció que el poder de convocatoria de la renovación sigue intacto y además puso de relieve la presencia de una mayoría silenciosa (concepto de la sociología popularizado por Richard Nixon) que contrasta con las minorías ruidosas que cobraron atención en las últimas semanas.
Parte de esa mayoría que se opone a los cortes de ruta y a los métodos violentos para expresar una protesta, rompió por un rato el silencio para adherir a la convocatoria en defensa de la paz.
Con esa consigna, la renovación encontró un nuevo punto de coincidencia con un número importante de jóvenes libertarios que, siguiendo la prédica de Milei y de su ministra de Seguridad Patricia Bullrich, condenan los cortes de ruta y toda otra forma de protesta que limite las libertades de los demás.
Espacios libertarios no solo participaron de la convocatoria lanzada por el Gobierno provincial, sino que además elevaron un comunicado a través del cual pidieron al jefe de Gabinete y ministro del Interior, Guillermo Francos, y a la mencionada Bullrich que “tomen medidas contundentes para liberar nuestras rutas y garantizar a todos nuestros ciudadanos el derecho de transitar libremente por nuestro territorio”, según consta en un comunicado firmado por Fuerza Liberal y Generación Liberal.
Son muchos los libertarios que están convencidos de que detrás de las protestas en Misiones operan intereses de la oposición nacional que buscan encender la mecha para provocar estallidos en todo el país y dejaron constancia de ello en el mismo comunicado.
Son muchos los libertarios que están convencidos de que detrás de las protestas en Misiones operan intereses de la oposición nacional
Desde el Gobierno provincial destacan el acuerdo logrado con los policías y señalan que todos los canales de diálogo están abiertos para avanzar en negociaciones con sectores de la docencia y de la Salud Pública que siguen en protesta.
En ese contexto se desarrollaron reuniones ayer y hoy y está prevista otra para el lunes.
Haya o no acuerdo, es un hecho que los docentes recibirán en junio el cuarto aumento salarial del año y que ese aumento superará la inflación, algo que no pasó en ninguna provincia del país.
Para el oficialismo hay un interés muy evidente de la oposición provincial en atribuirle a la Provincia la responsabilidad por una crisis económica que alcanza a todo el país y que encuentra su explicación en los desatinos de las políticas económicas del actual Gobierno nacional y las de sus antecesores.
La crisis nacional tuvo un efecto muy concreto en las finanzas provinciales. Los ingresos por coparticipación cayeron 20% en términos reales el primer cuatrimestre, la recaudación propia se redujo en un porcentaje todavía mayor porque los brasileños y paraguayos dejaron de comprar en Misiones y las transferencias no automáticas se redujeron casi 80%.
En ese contexto de austeridad, la administración provincial otorgó aumentos salariales que superan a la inflación, lo que se logró al costo de recortar otras erogaciones, como parte de las que estaban previstas para obra pública.
Desde la Rosadita enfatizan que los sectores que sostienen las protestas son minoritarios. Señalan que de los 30 mil docentes que trabajan en Misiones, son menos de 300 los que participan activamente de los cortes o acampes, lo que alcanza apenas al 1% del total y que de los 10.500 policías activos que cumplen funciones en Misiones y fueron menos de 100 los que se plegaron activamente al reclamo encabezado por unos 200 retirados y sus familias.
Minorías ruidosas que en tiempos de hipercomunicación hacen retumbar su mensaje, pero que por más ruido que hagan no dejan de ser minorías.
