Eduardo Scherer, presidente de la Comisión Provincial de Prevención contra la Tortura, describió el rol clave que cumple este organismo en monitorear todos los lugares de detención en Misiones, desde cárceles hasta hogares de menores y ancianos. Hizo hincapié en el grave problema del abuso de la prisión preventiva, señalando que el 40% de los presos están bajo esta figura, con casos extremos de hasta 8 años sin condena firme. También reconoció los desafíos económicos que impactan las condiciones de detención, con quejas recurrentes sobre alimentación e higiene deficientes.
“Tenemos como principal función controlar y monitorear todos los espacios de restricción de libertad de la provincia de Misiones, llámese unidades penales, comisarías, hogares de niños, niñas, adolescentes, residencias de larga estadía de adultos mayores o los institutos de salud mental”, explicó Scherer. En total son 222 instituciones bajo la órbita de la Comisión, entre las que se encuentran 8 unidades penales, 655 comisarías, 24 hogares de niños, más de 80 residencias de larga estadía y 8 institutos de salud mental.
La Comisión puede ingresar sin previo aviso a estos lugares en cualquier momento. “Realizar entrevistas en forma reservada, confidencial, solicitar cualquier tipo de documentación, tener entrevistas reservadas y confidenciales, es decir, sin presencia de quienes tienen a cargo la custodia”, detalló Scherer.
Sobrepoblación y uso excesivo de prisión preventiva
Uno de los principales problemas que enfrenta el sistema penitenciario de Misiones es la sobrepoblación, en gran parte derivada del uso indiscriminado de la prisión preventiva. “Tenemos el 40% de las personas privadas de su libertad, alrededor de 700 con prisión preventiva y el 30% de esas 700 que son 212/ 213 con más de dos años de prisión preventiva, inclusive personas con ocho años de prisión preventiva”, reveló el presidente de la Comisión.
Scherer enfatizó que la prisión preventiva excesiva genera hacinamiento y conflictos, e instó a limitar su uso a plazos razonables en línea con instrumentos internacionales de derechos humanos. “Nadie puede estar privado de su libertad sin una sentencia previa. La excepción es la prisión preventiva cuando hay un riesgo procesal”.
Impacto económico en las condiciones de detención
El funcionario también reconoció el impacto de los desafíos económicos en las condiciones de detención: “Si afuera no hay dinero, adentro tampoco…se refleja muchas veces adentro, no solamente con la escasa cantidad de alimentación, a veces de mala calidad. La queja por los elementos de higiene es una constante”.
Scherer atribuyó esta situación a los recortes presupuestarios y la falta de partidas para asistir de forma permanente a los detenidos en comisarías, que no están diseñadas para alojar a reclusos por largos periodos.
Reinserción social y baja reincidencia
En cuanto a los programas de reinserción social, el presidente de la Comisión destacó que Misiones tiene tasas muy bajas de reincidencia en comparación con otras provincias como Buenos Aires, gracias a los esfuerzos por la rehabilitación de los reclusos. “Los índices de reincidencia en la provincia de Misiones son bajísimos. Estamos en 10,3%, comparado con 35 o 40% que tiene Buenos Aires”.
Sin embargo, Scherer advirtió que aún hay casos donde el sistema falla: “El Estado falla cuando la persona está adentro, no cuando la persona ya salió”. Citó ejemplos preocupantes como el del caso Tablado, donde una persona condenada por homicidio y tras pasar 23 años presa, fue arrestada nuevamente por amenazas.
“Es muy importante la resocialización, porque después cuando las personas salen y cometen otro ilícito, es cuando nos quejamos de la falla del Estado”, cerró Eduardo Scherer, presidente de la Comisión Provincial de Prevención contra la Tortura.
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