La controversia crece tras la firma del Decreto 280/24 del presidente Javier Milei, desfinanciando las cajas jubilatorias de 13 provincias, incluida Misiones. Esta medida genera nuevas tensiones y amenaza la firma del Pacto de Mayo.
En medio de tensiones crecientes entre el Gobierno Nacional y las provincias, la reciente firma del Decreto 280/24 por parte del presidente Javier Milei desató una controversia, al desfinanciar las cajas jubilatorias de 13 provincias, entre ellas Misiones, condicionando así el Pacto de Mayo.
La medida, que elimina los artículos 92, 93 y 94 de la Ley de Presupuesto 2023, prorrogada para el año en curso, ha sido interpretada por los gobernadores provinciales como un ataque directo a sus recursos financieros, establecidos por ley. Estos artículos establecían que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) debía transferir mensualmente una parte del déficit anual de las provincias que no hubieran transferido sus regímenes previsionales al Estado nacional.
Las reacciones no se hicieron esperar. Varios mandatarios provinciales expresaron su malestar ante lo que perciben como un intento del Gobierno Central de recortar fondos fundamentales para el sostenimiento de las necesidades básicas en sus territorios. La Casa Rosada, por su parte, se defiende argumentando que las partidas están disponibles pero se han reasignado a otros rubros provinciales.
Esta decisión complica aún más las negociaciones en torno al Pacto de Mayo, propuesto por el presidente durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Aunque los gobernadores continúan trabajando para alcanzar un entendimiento en el paquete fiscal, especialmente en lo referente al Impuesto a las Ganancias, el ajuste realizado con el Decreto 280 amenaza con alejar la posibilidad de un acuerdo.
Ignacio Torres, gobernador de Chubut, calificó la medida como «una torpeza» y anunció que recurrirá a la Justicia. A su vez, el ministro Guillermo Francos trató de aclarar la situación, asegurando que las transferencias no han sido eliminadas, sino reasignadas para otras partidas provinciales.
No obstante, las críticas persisten. Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, del Instituto Consenso Federal, reiteró tras ello que el artículo 18 del DNU 280/2024 provoca que los artículos 92, 93 y 94 no se encuentran ya dentro de la Ley de Presupuesto de 2023 prorrogada para 2024, y así, el mecanismo de “adelanto y actualización” quedó sin efecto.
“Es necesario denunciarlo una vez más: Javier Milei y Luis Caputo desfinancian las cajas jubilatorias provinciales no transferidas a la Nación, en 13 provincias”, afirmó, y con ironía, concluyó: “La denominada Oficina del Presidente desinforma, duerme largas siestas o no entiende nada. O todo eso junto”.