El Juez Correccional y de Menores de Posadas, César Jiménez, quien también es miembro de la COPAJU (Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana), habló sobre la justicia y los desafíos sociales contemporáneos. Afirmó que el 100% de los jóvenes en conflicto con la ley, tienen problemas de adicción, y que ni el servicio militar, ni bajar la edad de imputablidad, resolverían la inseguridad.
Hace unos días se inauguró en la Cuidad de Buenos Aires la nueva sede de la en Argentina de la COPAJU, como también de la sub sede del Instituto para la Investigación, y Promoción de los Derechos Sociales, Fray Bartolomé de las Casas.
En su mensaje a los miembros de ambas instituciones, el sumo pontífice destacó la importancia de construir sociedades justas. Enfatizó en que los derechos sociales no son gratuitos, y que la riqueza para mantenerlos está disponible, pero se necesitan decisiones políticas adecuadas, y equitativas. Y subrayó el papel fundamental de los Estados en este proceso. Y que en ese sentido cobra relevancia el trabajo de los operadores judiciales, ya que son el último recurso para remediar las violaciones de derechos y preservar el equilibrio institucional y social.
Jiménez recordó la fundación de la COPAJU en el Vaticano en 2019 bajo la inspiración del Papa Francisco. Explicó que la COPAJU tiene como objetivo fundamental promover un nuevo paradigma judicial, uno que reconozca la importancia de los derechos sociales y la fraternidad en la aplicación de la ley.
El juez destacó la necesidad de adoptar una perspectiva más amplia en la administración de justicia, una que vaya más allá de simplemente aplicar la ley de manera estricta. Citó las palabras del Papa Francisco, quien instó a los jueces a no solo tener una mirada sobre el sufrimiento ajeno, sino a hacerlo propio y comprometerse con la causa de los más vulnerables.
En cuanto a los desafíos actuales, Jiménez abordó el preocupante aumento de la pobreza en el país y su posible impacto en la delincuencia. Expresó su preocupación por la llamada «judicialización de la pobreza» y destacó la necesidad de políticas públicas efectivas para abordar las causas subyacentes de la criminalidad.
En relación con la adicción juvenil, el juez señaló que muchos jóvenes que cometen delitos lo hacen como resultado de problemas de adicción. Destacó la importancia de abordar este tema desde una perspectiva de salud pública, involucrando a profesionales de la salud mental y trabajadores sociales en el proceso judicial. «Según mi última estadística, el 100% de los pibes son adictos, cometen ilícito como consecuencia lógica de la adicción», declaró, ofreciendo cifras alarmantes sobre la situación actual.
Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de reintroducir el servicio militar obligatorio como una solución a los problemas de delincuencia juvenil, Jiménez fue enfático en su oposición. Consideró que esta medida sería una respuesta simplista y poco efectiva, y enfatizó la necesidad de abordar las causas profundas de la delincuencia. «Estamos hablando de una fantasía, estamos hablando de un show igual que bajar de la edad de imputabilidad», afirmó.
En cuanto a la internación compulsiva de personas con problemas de adicción, el juez enfatizó la importancia de un enfoque multidisciplinario y el respeto por los derechos individuales. Destacó que cualquier decisión en este sentido debe basarse en la evaluación de expertos en salud mental y tener en cuenta el bienestar del individuo.
