En el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, Aída Kemelmajer de Carlucci, ex jueza de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, y Marcelo Gallo Tagle, ex presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), expresaron su rechazo a las reformas judiciales propuestas por el gobierno de Javier Milei en el marco de la llamada ley ómnibus.
Ambos juristas se centraron en las modificaciones propuestas al Código Civil y Comercial de la Nación, así como en la ratificación del traspaso de la justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires.
Kemelmajer de Carlucci, especialista en derecho civil, representando al Instituto Argentino del Derecho del Consumidor y a más de un centenar de profesores universitarios, cuestionó las alteraciones que el proyecto realiza a diversos artículos del Código Civil y Comercial. Se eliminan referencias a la moral, las buenas costumbres y el orden público en contratos, generando, según la jurista, inseguridad jurídica y conflictos interpretativos.
La ex magistrada subrayó la contradicción en mantener referencias a la moral en algunos artículos mientras se eliminan en otros, señalando la falta de un estudio sistémico del Código. También criticó la propuesta de divorcio administrativo, haciendo hincapié en la falta de regulación sobre bienes y niños.
Gallo Tagle, representando a la AMFJN, se centró en el artículo 349 del proyecto, que impulsa el traspaso de la justicia nacional a la órbita de la ciudad de Buenos Aires. Calificó la propuesta como inconstitucional, argumentando que la ciudad carece de una verdadera autonomía institucional y que su personalidad jurídica emana de la nación argentina expresada en la Constitución.
El magistrado rechazó la acusación de defensa de intereses corporativos, enfatizando que se busca preservar la independencia del Poder Judicial y la división de poderes en beneficio de los ciudadanos. Criticó la falta de preocupación ciudadana por el traspaso y la insuficiencia de recursos para llevar a cabo la iniciativa, resaltando que, de concretarse, las causas judiciales durarían más tiempo con la incorporación de otra instancia de revisión.
Ambos juristas pidieron un estudio integral y un tratamiento detenido del tema en sesiones ordinarias en la comisión de Legislación de la Cámara de Diputados. Con información de Infobae.
