Jueza de Misiones dictó una cautelar que suspende los artículos del DNU de Milei que ponen en riesgo la obra social para productores yerbateros

La jueza civil y comercial de Posadas, Adriana Fiori, hizo lugar a un recurso de amparo presentado por asociaciones de productores yerbateros y dispuso una medida cautelar que deja sin efecto los artículos del mega DNU que ponían en riesgo la prestación de la obra social que atiende a productores yerbateros que están registrados en el INYM.

La jueza Adriana Fiori interpuso una cautelar que garantiza la continuidad de la obra social que se instrumenta a partir de un acuerdo entre el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y el Gobierno de Misiones. El beneficio para los productores había quedado en duda a partir de la entrada en vigor del mega DNU de Javier Milei.

La cautelar dispuesta por la jueza Fiori responde a un recurso de amparo presentado por asociaciones de productores y adopta como criterio principal, la defensa de sectores de la población en condiciones de vulnerabilidad y el derecho fundamental a la salud.

De acuerdo a los planteos de los productores, el DNU pone en riesgo a la obra social al dejar sin efecto la intangibilidad de los recursos del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) de los que depende el financiamiento de la obra social y al quitarle al mencionado organismo la potestad para registrar a los productores, porque esos registros resultan necesarios para identificar a los beneficiarios de la obra social.

Con el mismo criterio, también estaría en riesgo la aplicación de la corresponsabilidad gremial, sistema a través del cual se pagan los aportes patronales de los trabajadores rurales y de los secaderos. Ese sistema también depende de los registros que mantiene actualizados el INYM.

Los afectados serían unos 3.200 pequeños productores yerbateros y sus familias, de Ruiz de Montoya, Jardín América, Dos de Mayo, Leandro N. Alem, San José, Oberá, Eldorado, Montecarlo, Andresito, Campo Ramón, Gobernador Roca, Campo Grande, entre otras, que están dentro de un convenio conjunto firmado por el INYM y el Gobierno de Misiones, para otorgarles atención sanitaria.

El fallo de la justicia provincial viene a marcar una postura, pero la causa deberá ser dirimida en juzgados federales.

 

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