Continúa detenido el empresario de Puerto Iguazú acusado de contrabando

Un reconocido empresario de Puerto Iguazú sigue tras las rejas, acusado de contrabando tras un megaoperativo de la Policía Federal. La investigación, que comenzó en 2022, reveló una red delictiva dedicada al ingreso y egreso sistemático de mercancías, utilizando pasos clandestinos y con presuntos vínculos con poderosos proveedores locales. El operativo resultó en seis detenciones y el decomiso de bienes valuados en más de 400 millones de pesos.

El reconocido empresario de Puerto Iguazú que fue detenido en un megaoperativo de la Policía Federal de Puerto Iguazú llevado a cabo la semana pasada, continúa detenido, según informaron este martes fuentes cercanas a la causa.

El empresario está acusado de contrabando, según confirmaron esas mismas fuentes, en una causa judicial que aún no fue caratulada.

El magaoperativo de la Federal realizado el pasado viernes en Iguazú culminó con la detención de seis personas y el decomiso de mercancías, vehículos y una suma de dinero en efectivo que supera los 400 millones de pesos.

El megaprocedimiento fue resultado de una investigación exhaustiva realizada por detectives del Departamento Delitos Fiscales de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, bajo la dirección del juez federal Miguel Ángel Guerrero y sus secretarías Nerea Urruti y Valeria Rivas.

La investigación se inició a mediados de 2022, cuando el juez Guerrero ordenó a la Policía Federal Argentina investigar a una organización presuntamente dedicada al contrabando en la provincia de Misiones. A lo largo de meses de trabajo, se utilizaron diversas técnicas de investigación, como análisis de información, escuchas telefónicas y meticulosas labores de seguimiento y filmación. Estas actividades permitieron a las autoridades desentrañar la compleja estructura de la organización criminal.

La supuesta organización delictiva realizaba un ingreso y egreso sistemático y continuo de mercancías, utilizando pasos clandestinos para eludir los impuestos correspondientes y los controles sanitarios. Además, la organización tendría vínculos con proveedores locales de alto poder económico en la región.