Sigue la tensión entre Argentina y Paraguay por los controles y el peaje en la Hidrovía Paraná

El canciller paraguayo, Rubén Ramírez, expresó el jueves la protesta de su país ante el Gobierno argentino debido a la retención "irregular" de un convoy de diez barcazas en un tramo de la hidrovía Paraguay-Paraná donde se ha establecido un peaje por parte de Argentina.

En un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se informó que Ramírez convocó al embajador de Argentina en Asunción, Óscar Domingo Peppo, después de que la empresa Mercurio Group S.A. comunicara que la Prefectura Naval Argentina había retenido embarcaciones que transportaban combustible cuando estaban listas para zarpar hacia Paraguay.

Hidrovía Paraná
Hidrovía Paraná

El canciller expresó el descontento de Paraguay ante esta situación y enfatizó que el cobro del peaje viola acuerdos internacionales. Además, reiteró la voluntad de tomar todas las medidas necesarias para revertir esta situación. También mencionó que Paraguay está considerando otras acciones en este contexto.

La naviera Mercurio Group S.A. informó en un comunicado que recibió una «notificación de embargo e interdicción de navegar» sobre la barcaza MGT-05 por parte de la Prefectura Naval Argentina. Esta embarcación forma parte de un convoy de barcazas operando en la jurisdicción de Zárate, provincia de Buenos Aires. La medida se emitió como parte de un reclamo de pago de 27.031 dólares correspondiente al peaje del tramo Santa Fe – Confluencia, según la empresa.

La Cancillería paraguaya indicó que esta determinación se tomó pasando por alto incluso disposiciones judiciales que indicaban que el convoy no podía ser retenido. El embajador argentino se comprometió a comunicar el reclamo paraguayo a su Gobierno.

Por otro lado, la Cancillería de Paraguay anunció que solicitará a Brasil, que ostenta la presidencia pro tempore del Comité Intergubernamental de la Hidrovía, adelantar la reunión extraordinaria de ese organismo para la primera quincena de septiembre. Esta reunión estaba originalmente programada para finales de este mes y contaría con la participación de Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay, países que firmaron el Acuerdo de Transporte Fluvial de la Hidrovía en junio de 1992. Paraguay se ha opuesto al cobro del peaje en el tramo argentino de la hidrovía, que es crucial para el transporte de carga de Paraguay, que no tiene acceso directo al mar.

La disputa por el peaje generó tensiones entre funcionarios de Paraguay y Argentina después de la visita de ministros argentinos a Paraguay el 24 de agosto, en la que se discutió el tema.

El conflicto comenzó cuando la Dirección Nacional de Aduana de Argentina intensificó los controles en la hidrovía Paraná sobre barcazas provenientes de Paraguay, en respuesta a alertas sobre el riesgo de narcotráfico. Estos controles incluyeron verificaciones documentales y de los precintos de seguridad en los convoyes que circulan por el río Paraná. La Aduana argentina movilizó equipos de agentes especializados junto con canes antinarcóticos para llevar a cabo estos procedimientos.

Las fuentes argumentaron que la Hidrovía Paraná-Paraguay es una ruta importante en el Mercosur y, por lo tanto, se ha convertido en un objetivo para el contrabando de drogas hacia Europa, aprovechando la complejidad de los controles en las barcazas cargadas de granos o mineral de hierro durante los más de 3.400 kilómetros de navegación.

El Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná establece que las aduanas deben abstenerse de realizar inspecciones o controles en las unidades de transporte en la Hidrovía, a menos que entren a puerto para realizar operaciones, limitándose a revisar la documentación y las condiciones exteriores de la carga, como el precintado. Sin embargo, en caso de sospecha de fraude, las aduanas tienen el derecho de realizar los controles necesarios.

Estos controles se llevaron a cabo aprovechando la logística de la navegación, ya que los convoyes de barcazas amarran en islas en la provincia de Corrientes y segmentan las barcazas para permitir que el personal aduanero realice sus controles sin demorar el flujo comercial. Además, se está evaluando la implementación del Precinto Electrónico para el Monitoreo Aduanero (PEMA) para facilitar la navegabilidad y el control satelital de las embarcaciones.

 

 

 

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