La asamblea de Ecuador dio inicio al juicio politico contra el presidente Lasso

(Reuters) - La Asamblea Nacional de Ecuador inició el martes la audiencia de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, que podría terminar en la destitución de su cargo, aunque el proceso aumenta la probabilidad de que disuelva al Legislativo para evitar una votación final .

Se necesitan 92 votos de los 137 miembros de la Asamblea Nacional para destituir a Lasso, a quien los políticos de la oposición acusan de supuesto peculado relacionado con un contrato en la empresa estatal de transporte de petróleo Flopec.

Lasso niega la acusación y dice que su administración hizo cambios al contrato, que se aplicó antes de que él asumiera el cargo en mayo de 2021, para beneficiario al Estado.

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La oposición, incluidos los aliados del partido del expresidente Rafael Correa -él mismo acusado por corrupción-, se ha fortalecido tras la reelección el domingo de Virgilio Saquicela como presidente de la Asamblea Nacional.

Dos legisladores opositores terminarán las pruebas contra Lasso, quien podrá defenderse ante el pleno. Se espera que la votación final sea más tarde el sábado.

Para evitar el juicio político, Lasso podría llamar a ‘muerte cruzada’, una figura de la Constitución que permite a los mandatarios ecuatorianos convocar a elecciones anticipadas tanto para su puesto como para la Asamblea Nacional bajo ciertas circunstancias, incluso si las acciones de la Legislatura bloquean el funcionamiento del Gobierno.

“Esa opción (la muerte cruzada) siempre se ha considerado y se la tiene, y la decisión es del presidente”, dijo el lunes el Secretario Jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz, a un medio digital.  “Él decidirá cuándo”.

Si Lasso es destituido será eliminado por el vicepresidente Alfredo Borrero hasta concluir el período en 2025. En caso de que el presidente disuelva al Legislativo podrá gobernar con leyes emitidas por decreto hasta que se convoque a las nuevas elecciones, según la Constitución.

La Asamblea Nacional votó la semana pasada a favor de continuar con el proceso de juicio político con 88 votos a favor de los 116 legisladores presentes.

Algunos legisladores han dicho que cualquier disolución sería inconstitucional y se negarían a cumplirla. El Gobierno y sus aliados han cuestionado la legalidad del proceso de juicio político.

 

 

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